Activistas insisten en rechazar que Lupe Rendón sea nombrada fiscal en materia de desapariciones

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- En la Fiscalía General ha sido mediocre, acusan

Chilpancingo, Gro.- Activistas de derechos humanos e integrantes de colectivos en búsqueda de desaparecidos en Guerrero, realizarán una marcha este lunes por la mañana para manifestar su rechazo a la propuesta de que María Guadalupe Rendón Ramírez sea nombrada por el Congreso del Estado como la fiscal especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La marcha se realizará este lunes a las 10 de la mañana desde la alameda “Granados Maldonado” a la sede del Congreso del Estado, al sur de esta capital, en una actividad que han denominado “Marcha de Los Reyes Magos, por la Verdad y la Justicia”.

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La marcha la convocan el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, el Colectivo de Familiares en Búsqueda de nuestros Familiares de Acapulco, el Colectivo Siempre Vivos de Chilapa y el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” de Chilapa.

Los convocantes a la movilización están inconformes porque se pretende “imponer” a María Guadalupe Rendón como titular de esa Fiscalía, ya que “a pesar de que es una persona que ha hecho una carrera dentro de la Fiscalía General del Estado, su gestión ante la Unidad Especializada en Desaparición de Personas ha sido mediocre”.

Precisamente Rendón Ramírez ocupa esa Unidad en tanto se creaba la Fiscalía y ahora se pretende que sea ella misma quien la encabece, lo cual ha provocado inconformidad en los colectivos porque sostienen que “no ha generado resultados en beneficio de las víctimas de desaparición y de sus familiares”.

Sostienen que, por el contrario las acciones y actuación de la funcionaria han sido “revictimizantes, por lo tanto exigimos una convocatoria en la que los colectivos de víctimas podamos participar en la elección de la persona que ocupará ese cargo”.

Esos colectivos también van a protestar durante su marcha contra la Ley de Seguridad Interior que aprobó el Senado en diciembre pasado porque consideran que “esa ley abre la puerta a que el Ejército continúe violando los derechos humanos de la población civil impunemente y no ayuda a la solución de la crisis de seguridad que padece el país”.

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