Gobierno federal dejaría fuera de programa de fertilizante a 212 mil campesinos: Evencio

F-1-EVENCIO ROMERO SOTELO-IRZA

Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.-
El gobierno federal dejaría fuera del programa de fertilizante a unos 212 mil campesinos de Guerrero en este 2019, quienes difícilmente podrán cumplir las reglas de operación que publicó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Evencio Romero Sotelo, presidente de la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos, dijo que este programa atendía anualmente a 328 mil campesinos con una inversión de mil 200 millones de pesos entre el estado y ayuntamientos.

Sin embargo, dijo que en este 2019 la Sader distribuirá el fertilizante con base al padrón del Proagro -antes procampo- que consta de 116 mil productores, por lo cual 212 mil campesinos no recibirán el insumo, por lo que insistió en que se utilice el padrón que habitualmente ha utilizado el gobierno estatal y ayuntamientos, debido a que los tiempos “ya están encima”.

Por esa razón estimó que al gobierno federal hasta le sobrarán recursos de los 650 millones de pesos proyectados para el fertilizante, pese a que el 3 de octubre del 2018 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en Acapulco que absorbería este programa al cien por ciento, es decir, para los 328 mil productores guerrerenses que implicaría una inversión superior a los mil 200 millones.

Imposible que campesinos cumplan reglas de operación
Romero Sotelo dijo que el gobierno federal publicó este viernes la convocatoria de inscripción al programa de fertilizante, cuyo plazo vence el 15 de abril, pero alertó que no todos los campesinos cumplirán las reglas de operación.

Para empezar, consideró que deberán sustentar la propiedad a través del Registro Agrario Nacional (RAN), cuando tradicionalmente “se cree en la palabra del comisariado ejidal, del comisariado de bienes comunales y del presidente municipal”.

“Aquí se utiliza únicamente un documento simple para el préstamo de una terreno ejidal, avalado por el comisariado y el alcalde”, abundó y añadió que los tiempos del RAN no son inmediatos, pues la autorización de un contrato escrito tarda hasta 90 días, es decir, tres meses.

También, dijo Romero Sotelo, el campesino deberá presentar un contrato firmado por un notario público e inscribirlo en el RAN, en caso de conseguir las tierras de siembra. “¿De dónde hijos de la chingada van a encontrar un notario público en Metlatónoc? Además los costos; una hora de un notario sale en mil 500 pesos”.

“Andrés Manuel mandó al diablo a las autoridades agrarias y a los alcaldes. Le auguro que habrá gran movilización contra estas reglas de operación porque va a ser difícil que cumplan todas estas pendejadas”, alertó.

Advirtió que en el municipio de Iguala, que es un granero potencial, se gesta un gran movimiento de campesinos, quienes  amenazan con bloquear todos los accesos a la región Norte, “he platicado con ellos para decirles que esto perjudicaría al pueblo y de que veamos conjuntamente cómo resolverlo”.

En ese sentido anticipó: “Si hay desmadres en Guerrero, será responsabilidad única de la Sader y del gobierno federal. Que no digan que es problema de los presidentes municipales o del gobernador (Héctor Astudillo Flores), son las estupideces y pendejadas de quien hace estas reglas, que lo único que van a hacer es complicar la de por si vida complicada de Guerrero en materia de movilizaciones”.

También demandó la intervención urgente del “superdelegado”, Pablo Sandoval Ballesteros, “quien se la pasa en puras reuniones fifí”, a que “agarre el toro por los cuernos y se reúna con los campesinos”.

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