Contexto Político por Efraín Flores Iglesias: La sombra que persigue a Rafael Navarrete

El 28 de noviembre de 2018, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Combate de la Corrupción del Congreso del estado, Yoloczin Domínguez Serna, exigió al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado, Rafael Navarrete Quezada, erradicar la opacidad que hay en las contrataciones que se realizan en las empresas dedicadas a la construcción de obras públicas en Guerrero.

Esto, al señalar que los procesos de licitación que realiza la Secretaría son a través de adjudicaciones directas, por lo que consideró necesario privilegiar los procesos de licitación abiertos y públicos, para asegurar que las contrataciones sea lo más transparente posible, evitando conflictos de interés y actos de corrupción.

Lo que la diputada Domínguez Serna desconocía era el pasado oscuro de Navarrete Quezada, quien antes de ser titular de la SEDUOPyOT, fungió como director del Centro de la SCT en Oaxaca, en donde fue denunciado seriamente por actos de corrupción, otorgar obra pública a sus cuates y ejecutar pésimas obras en aquella entidad.

Además, Rafael Navarrete fue subalterno de Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la SCT, señalado como responsable de las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, y que el 12 de junio de 2017 provocó la muerte de cuatro personas, dos de ellas al quedar atrapadas en un vehículo y dos más quienes murieron en los alrededores.

De acuerdo a algunos medios de Oaxaca, Rafael Navarrete benefició a dos constructoras veracruzanas.

Se trata de EXPECTRAS, S.A. DE C.V., con 21 contratos e INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V., con 20 contratos. El monto total de los 21 contratos de la empresa EXPECTRAS, S.A. DE C.V., alcanza un total de 138 millones 714 mil 778 pesos con 20 centavos, mientras que los 20 contratos de INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V., suman 131 millones 111 mil 068 pesos con 93 centavos.

“De tal manera que sin que le exonere de responsabilidad alguna, el guerrerense Rafael Navarrete Quezada entregó la adjudicación de la mayoría de las obras de infraestructura carretera en Oaxaca a los amigos, compadres, socios y cómplices de los dos altos funcionarios en cuestión (Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la SCT, y de José Antonio Rodarte Leal, coordinador General de Centros SCT), comprometiendo el dinero de los oaxaqueños y dejándonos una estela de corrupción para así él obtener sus ambiciones políticas y económicas, mientras que los constructores oaxaqueños atraviesan una crisis ya que más del 70% de ellos se encuentran sin obras”. (Elemental Oaxaca, 21-septiembre-2015).

La constructora más beneficiada –de acuerdo al portal oaxaqueño– es la empresa veracruzana EXPECTRAS, cuyas oficinas en la capital oaxaqueña, se ubican en la Calle Sabinos 402 (Amapolas), y cuyos directivos jarochos son José Martín Vázquez como gerente administrativo, como gerente de Construcción, Víctor Manuel Salazar Vázquez y el ingeniero civil, egresado de la UNAM, con residencia en Xalapa, Uriel Bocanegra Castillo, quien también aparece como director de Integra Construcciones, SA de CV.

“EXPECTRAS fue ubicada por el reportero David Varona (2 de septiembre, 2013) ligada de manera presumible y a través de amigos y familiares a Marcelo Montiel Montiel, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz, extitular de la SEDESOL jarocha, exdiputado local y dos veces presidente municipal de Coatzacoalcos”.

Y eso no es todo.

El 15 de mayo de 2015, el Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños (CADCO) denunció a Rafael Navarrete Quezada de ejercer indebidamente 580 millones de pesos y de cobrar el 15% a contratistas para apoyar campañas de candidatos priistas en Oaxaca y Guerrero.

Efrén Robles Gabriel, secretario técnico de CADCO, detalló que en Oaxaca el centro SCT ejerció tres mil 220 millones de pesos, de los cuales, mil 846 millones de pesos fueron por licitación pública; mil 325 millones de pesos a tres personas y 49 millones por adjudicación directa. ¡Zas!

Mientras que el abogado del Corporativo, Sergio García Martínez, precisó que el 13 de mayo de 2015 presentó las respectivas denuncias ante la Auditoria Superior de Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública y la PGR (hoy Fiscalía General de la República/FGR).

El 19 de septiembre de 2018, a través de esta columna di a conocer la denuncia que un grupo de empresario hizo contra de Roberto Carlos Arzeta Serna, colaborador cercano de Navarrete Quezada, quien “les exige” desde 50 a 100 mil pesos por trámites de contratación, seguimiento de obra y pago de estimaciones de las empresas.

Los denunciantes señalaron que Arzeta Serna llegó a la Dirección General Técnica de la SEDUOPyOT en enero de 2018, en sustitución de Pavel Campos Tumalán, a quien conocían como “El Señor del 15 por ciento”. Y, a pesar de no contar con cédula profesional y no aparecer en el Registro Nacional de Profesionistas, “atiende con prepotencia a las personas que acuden a realizar trámites” en la dependencia.

En ese entonces sugerí que el titular de la SEDUOPyOT debería poner orden en su equipo y no permitir irregularidades.

Ahora, lo más conveniente es que el Congreso del estado (de mayoría morenista) observe con lupa las obras y recursos que ejerce Rafael Navarrete.

Comentarios: E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com; Twitter: @efiglesia