Otro giro en la indagatoria sobre los 43 desaparecidos

Un video difundido en las redes sociales de internet el fin de semana, exhibe la tortura a la que fue sometido Carlos Canto Salgado, uno de los presuntos implicados en la desaparición y probable asesinato de 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en hechos ocurridos entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de ese mismo mes en 2014, en Iguala.

En su oportunidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-México) sostuvo en uno de sus informes que en el caso citado no hay evidencias de tortura, en oposición a señalamientos del Departamento de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) que ha sostenido que se aplicó tortura en al menos 34 de las más de cien personas detenidas y sometidas a proceso judicial por tales hechos.

Sin embargo, en el curso de las investigaciones la CNDH aceptó que solo detectó tortura en 8 de los 72 casos que examinó.

La evidencia de tortura contra Carlos Canto está provocando un vuelco en las investigaciones. Definitivamente la llamada “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República, que sostiene que los 43 fueron incinerados en un basurero en el municipio de Cocula, vecino de Iguala, prácticamente está muerta, aun cuando, seguramente, algunos de sus elementos deberán ponderarse en el seguimiento del caso.

El hecho de fueron torturados 34 de las 111 personas  involucradas  en el caso de los 43, como Carlos Canto, puede no significar que sean inocentes, pero pueden salir en libertad por la violación del debido proceso, que es  un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona sometida a juicio penal. Carlos Canto fue sometido a tormentos durante uno de los interrogatorios para determinar el grado de responsabilidad de los inculpados.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido nombrar a un fiscal especial para el caso Ayotzinapa, ya que todos los invitados a ocupar ese cargo se han negado a aceptarlo.

Con la exhibición de la tortura, ahora la 4T  está obligada a nombrar a ese fiscal especial para, de hecho, reiniciar las investigaciones. No es remoto que nuevos videos sobre tortura salgan a la luz pública. La designación de ese funcionario deberá ser a la brevedad.