Exigen en el Congreso local juicio político en contra de Norma Otilia Hernández
Berenice Reyes/IRZA
Chilpancingo, Gro.- Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, demandaron en el Congreso local un juicio político en contra de la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.
Encabezados por el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, acusaron a la alcaldesa de sostener encuentros con personajes ligados al crimen y ejercicio indebido de funciones, e informaron de una carpeta de investigación en contra Norma Otilia Hernández por una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Afuera del Congreso local, Nicolás Chávez dijo que la denuncia en contra de Hernández Martínez incluye al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, familiares de las víctimas de los caídos y algunos otros universitarios que se pronunciaron en contra de las acciones emprendidas por las organizaciones.
Los manifestantes señalaron a la edil morenista de incongruente, al no seguir los postulados de la Cuarta Transformación, “de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, al anteponer intereses personales por encima de la ley”.
Chávez Adame hizo un recuento de las acciones “arbitrarias” presuntamente cometidas por la alcaldesa, como remover en la alameda Francisco Granados Maldonado el monumento a los caídos de 1960 y colocar fuentes danzarinas, en el lugar donde estuvo colocado el campamento de los luchadores sociales Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, así como Pablo Sandoval Cruz, quien fungía como presidente de la asociación de padres en ese movimiento de lucha por la autonomía universitaria.
Sostuvo que en una asamblea popular determinaron promover este juicio político en defensa del territorio de los caídos del 60, y añadió “que quede claro que Norma Otilia siempre ha actuado con exceso de soberbia y prepotencia en contra del monumento a los caídos”.
Recordó que en base a estos acuerdos de organizaciones sociales determinaron, el 2 de octubre, remover el monumento a los caídos de donde fue reubicado a su lugar histórico en la alameda Francisco Granados Maldonado.
Y criticó el hecho de que el “eterno rector de la Universidad”, Javier Saldaña Almazán, calificara como actos vandálicos la remoción del monumento a los caídos para llevarlos a su lugar de origen.
Refirió que, en un ambiente de violencia como el que ocurre en esta capital y, además de que es público que la alcaldesa enfrenta una carpeta de investigación por presuntos nexos con la delincuencia organizada, es necesario responsabilizarlos de lo que pueda ocurrirle a él o a su familia.
Por estos hechos, comentó, promovió ante la Fiscalía General del Estado una carpeta de investigación por violación de garantías individuales a su derecho constitucional de libre manifestación.
Asimismo, informó que se incluyó esta carpeta de investigación a los dirigentes sindicales de la Universidad, Brenda Alicia Alcaraz González y Ofelio Hernández Martínez, por solicitar en un comunicado reparación del daño por actos vandálicos y destrozos que, según ellos, se realizaron el 2 de febrero, “cuando consta en videos que no hubo daños y solo se pasó este monumento a su lugar de origen”.
Sostuvo que “son ellos los que han violentado y siguen violentado el reglamento interno de la Universidad; son ellos los que removieron del lugar histórico a otro que no correspondía”.
Además, indicó que incluyó en esta demanda a los familiares de los caídos del 60, particularmente a Sol Cuevas Serrano y al universitario Arturo Miranda Ramírez, “por pedir que se me aplicara todo el peso de la ley, sabiendo el riesgo que corremos los miembros de la organización y nuestras familias». (www.agenciairza.com)