Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) salió este martes en defensa de la recomendación emitida la semana pasada sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y sostuvo que las conclusiones del organismo apuntan al entonces esquema de «mando único» en Guerrero, encabezado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la CNDH defendió el contenido de la recomendación 208VG/2026 y rechazó las críticas que ha recibido por excluir una responsabilidad institucional del Ejército en los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
«Actuamos con apego a la ley y en defensa de la verdad y los derechos humanos», sostuvo el organismo al responder a los cuestionamientos que surgieron tras la publicación del documento.
La explicación institucional no fue encabezada por la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, cuya gestión ha sido objeto de críticas por parte de colectivos, especialistas y organizaciones que consideran que el organismo ha perdido autonomía frente al gobierno federal.
En el material audiovisual, la Comisión califica la recomendación como un «documento histórico y la verdad, bastante complejo» e invita a revisar su contenido de forma detallada. «Súper analíticos porque es la única forma de dimensionar lo que de verdad pasó ahí», señala el mensaje.
La exposición fue organizada en cinco apartados: el impacto en 92 estudiantes; la cronología de los hechos del 26 y 27 de septiembre; el papel de las distintas autoridades; las violaciones graves a los derechos humanos, y el apartado relativo a la verdad y la justicia. La CNDH aseguró que sus conclusiones se sustentan en información pública y en una queja presentada por padres de familia y estudiantes afectados.
En la reconstrucción de los hechos, el organismo sostiene que las agresiones no se limitaron a la desaparición de los 43 normalistas, sino que también incluyeron estudiantes asesinados, lesionados y golpeados, por lo que amplía el universo de víctimas reconocidas.
Respecto al papel de las corporaciones de seguridad, la Comisión atribuye la participación en los ataques a policías municipales de Iguala, Huitzuco, Taxco, Cocula y Tepecoacuilco, así como a elementos de las policías estatal, federal y ministerial. No obstante, aunque hace referencia a la información generada desde el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), no aborda que la operación de ese sistema en Iguala estaba a cargo de militares adscritos al 27 Batallón de Infantería, aspecto que ha formado parte del debate público sobre el caso.
En el video, la CNDH sostiene que «el Ejército no participó en ninguno de los eventos violentos, pero elementos del 27 Batallón sí documentaron aquellos de los que tuvo información a través del C-4», al tiempo que argumenta que la normatividad vigente en ese momento delimitaba el actuar de los militares.
Asimismo, afirma que los integrantes del 27 Batallón que realizaron patrullajes durante esa noche «tuvieron una instrucción muy clara: no entrar en conflicto con los estudiantes de la normal», aunque precisa que existen militares sujetos a procesos penales por responsabilidades individuales.
La Comisión también sostiene que la agresión coordinada contra los normalistas «apunta al mando único que regía en ese tiempo en el estado de Guerrero a cargo de quien era el gobernador (Ángel Aguirre Rivero) y legalmente tenía esa facultad», además de insistir en la necesidad de esclarecer la identidad de «El Patrón», personaje mencionado por diversos testigos como quien presuntamente emitió las órdenes contra los estudiantes.
En la parte final del mensaje, el organismo defiende nuevamente la recomendación y cuestiona las conclusiones alcanzadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otros mecanismos que han acompañado a las familias de los normalistas, al sostener que en el caso persiste «una impunidad larguísima».
La postura de la CNDH profundiza la controversia generada por su recomendación, al mantener una interpretación distinta a la sostenida por organismos internacionales, expertos independientes y representantes de las familias de los estudiantes, quienes han cuestionado la exclusión de una responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos en la historia reciente de México. (www.agenciairza.com)
