Denuncian actuaciones “graves” de la FGE en el caso el Ayelin Iczae

Chilpancingo, Gro.- Familiares de Juan Pablo de la Cruz Reyes denunciaron actuaciones «graves e irregulares» de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) para vincular al campesino con el caso del asesinato de la menor Ayelin Iczae de Tixtla que ha conmocionado a la sociedad.

«Están realizando investigaciones apresuradas para involucrar a gente inocente», manifestaron.

El viernes, la mamá de Juan Pablo, Marta Reyes Martínez y su esposa, Dulce Guasco Vázquez denunciaron afuera de la FGE que desde el miércoles por la tarde el campesino fue detenido en un operativo de agentes ministeriales cuando éste llegaba a su casa en la colonia La Candelaria de Tixtla y fue trasladado a esta capital “para declarar” en torno al asesinato de Ayelin Iczae, cuyo cuerpo fue hallado el lunes por la mañana en la barranca Coxtlapa, ubicada a unos 400 metros de la vivienda de la menor, después de que desde el pasado 15 de octubre desapareció.

La mamá y la esposa de Juan Pablo, acudieron a la FGE para saber la condición jurídica en la que se encontraba, pero señalaron que les informaron que ahí no lo tenían detenido e inclusive les pidieron una fotografía de Juan Pablo para emitir una alerta de búsqueda y localización.

Este domingo, la mamá y la esposa de Juan Pablo, ofrecieron nuevas declaraciones a reporteros afuera de la FGE de donde no se han movido desde el pasado viernes y a fuerza de su persistencia, dijeron que el sábado por fin aceptaron que Juan Pablo estaba detenido, pero que sólo era por posesión de un cigarro de mariguana y que en horas recuperaría su libertad.

Dulce Guasco explicó que se reunieron con el fiscal regional en la zona Centro, Ernesto Jacobo García, quien les informó que estaba detenido por posesión de ese cigarro de mariguana y que en un plazo de 72 horas sería puesto en libertad, lo cual no sucedió.

Dijo que en este caso se están cometiendo graves irregularidades, porque fue detenido desde el miércoles y no fue puesto a disposición de manera inmediata de un juez y que existe constancia de su detención hasta el jueves y en la Fiscalía de Combate al Narcomenudeo, «sólo estaban ganando tiempo, él estaba contento porque iba a salir, nos decían que sólo era papeleo».
La señora Marta Reyes García explicó que pudo hablar con su hijo en los separos de la Policía Ministerial y que le indicó que estaban otras tres personas detenidas, pero que él estaba confiado de salir en libertad, «porque mi hijo no es ningún delincuente».

«Este domingo ya nos dijeron que están declarando ante un juez y que se necesita de un abogado para que responda su asistencia jurídica, acá nos tuvieron desde el viernes con engaños, con mentiras y con muchas burlas de los policías y de los abogados (de la FGE)», se quejó la mamá de Juan Pablo.

Insistió que el pasado jueves 15 de octubre que desapareció la menor Ayelin Iczae, Juan Pablo se encontraba en su domicilio y que realizaba sus actividades cotidianas de manera normal, «nos enteramos de su desaparición de la menor, pero mi hijo iba al campo, fue a ver a sus hijos a Atliaca, el domingo ahí estuvo hasta el lunes que regresó a la casa, de donde se lo llevaron el miércoles».

La esposa de Juan Pablo dijo que sólo fueron «engañadas por el fiscal Ernesto Jacobo García y esas actuaciones dolosas sólo indican que están cometiendo actos graves e irregulares en esta investigación, donde podrían acusar a un inocente como mi esposo».

Al lugar donde se encontraban las mujeres, en el área de la pluma de la FGE, salió un agente de la policía Ministerial quien se identificó como el encargado de la guardia del inmueble y les comentó que a esa hora Juan Pablo ya no estaba en los separos, «ya están declarando ante un juez».

La información molestó a su mamá, quien expresó que «nada más nos están engañando y se burlan de nosotras».

Dulce Guasca indicó que en las próximas horas acudirán a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (CDDHG) a interponer una queja en contra de Ernesto Jacobo García y quien resulte responsable.

El viernes pasado el titular de la FGE, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla informó escuetamente que se tenían identificados en el crimen de Ayelin Iczae a tres personas y el perfil genético de una más, caso del que presuntamente no tenían detenidos.

También ese viernes, por otro caso, afuera de la FGE, la señora Sonia Patricia Organista del Carmen acudió a denunciar  que no han actuado internamente en contra del agente del Ministerio Público, Rubén Jacobo Mendoza y del fiscal regional en la zona Centro, Ernesto Jacobo García, a quienes acusa de haber cometido actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones.

Explicó que en julio pasado los dos funcionarios en mención encabezaron un cateo en su casa en la colonia La Guadalupe de esta capital, donde presuntamente le sembraron droga y a ella y a su esposo les robaron 60 mil pesos y se los llevaron detenidos, obteniendo su libertad posteriormente, por lo que interpusieron una denuncia interna y de la cual no se ha procedido. (www.agenciairza.com)

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