Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- El pleno del Congreso local aprobó la improcedencia del juicio de revocación de mandato que comisarios y pobladores del municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), promovieron en contra de la alcaldesa Micaela Manzano Martínez.
La Comisión Instructora concluyó que los promoventes no aportaron “elementos de prueba” para demostrar y acreditar las supuestas irregularidades cometidas por la edil postulada por el Partido Verde Ecologista de México.
El dictamen por la Comisión que preside el diputado Arturo Álvarez Angli, también del PVEM, fue aprobado por unanimidad, con 32 votos a favor, durante la sesión ordinaria de este miércoles.
La demanda fue promovida el pasado 23 de abril por Teófila Santos Mateo, Alfredo González Salazar y Andrea Maura Ortiz Bartolo, comisarios, coordinadores y delegados municipales, y respaldada por campesinos y ciudadanos de ese municipio.
Denunciaron que la alcaldesa reiteradamente incumplió sus obligaciones edilicias, lo que derivó en el deterioro de esa cabecera municipal, por la ausencia de calidad de servicios públicos, falta de agua, calles dañadas, drenajes colapsados y violencia asfixiante.
También por la falta de implementación de políticas públicas y programas de prevención de la violencia, de sesiones de Cabildo y ausencia física de la alcaldesa en el municipio, “y por tal motivo abandono institucional”.
En tribuna, el diputado Vladimir Barrera Fuerte, secretario de la Comisión, explicó que en la demanda, aunque fue ratificada por los promoventes, no ofrecieron las pruebas suficientes para sustentarla.
Recordó que el pasado 18 de junio, en audiencia de desahogo pruebas, asistió únicamente el abogado patrono de la alcaldesa. Concluido el trámite, recordó, el 2 de julio decretaron el cierre de la instrucción.
“Se declaró la improcedencia de la revocación de mandato, ya que los denunciantes, tanto en la denuncia y en su ratificación, no ofrecieron ninguna prueba a efecto de demostrar las causales que pretenden para revocar el mandato de la edil denunciada”, indicó.
Barrera consideró que los demandantes debieron presentar pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones, pero, en cambio, solo realizaron “apreciaciones subjetivas”, y ninguna prueba que acreditaran las causales.
“Se advierte que los denunciantes no realizan hechos descriptivos de modo, tiempo y lugar en que la edil demandada supuestamente llevó a cabo los hechos que se le imputan”, enfatizó.
En consecuencia, la plenaria votó a favor del dictamen. La Comisión Instructora está integrada también por los diputados Jesús Urióstegui García, Erika Lührs Cortés y Carlos Eduardo Bello Solano. (www.agenciairza.com)
