Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) concedió, desde el año pasado, medidas cautelares a la diputada Yoloczin Domínguez Serna, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, víctima de presunta violencia política de género.
Domínguez es una de las tres mujeres en la función pública que desde el 2022 solicitaron medidas cautelares al órgano electoral, confirmó en entrevista la consejera Luz Fabiola Matildes Gama, presidente del IEPC.
“Actualmente tenemos tres, no puedo decir quiénes son, pero sí tenemos tres casos de mujeres que consideran que son violentadas en el ejercicio de su encargo”, indicó la consejera.
– ¿Puede confirmar que una de ellas es la presidenta de la Jucopo del Congreso?
– “Sí. Es ella”.
– ¿Qué implican las medidas cautelares para ella?
– “Que el órgano electoral pide auxilio de las instancias de gobierno que pueden atender estas medidas cautelares de protección hacia la diputada”.
Fuentes consultadas por Agencia de Noticias IRZA, revelaron que la legisladora recurrió a las medidas cautelares debido a que, presuntamente, era víctima de la violencia de género de su compañero diputado y de partido, Alfredo Sánchez Esquivel.
Matildes Gama no precisó detalles del recurso de queja que presentó la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local en contra de su homologo.
– ¿Esas medidas qué indican? ¿Restricción de diálogo, acercamiento, seguridad? Se le insistió.
– “Ellas están trabajando previamente en ese plan. Nuestro protocolo establece que la autoridad, en este caso de Seguridad y la persona que presentó la queja, tendrán que presentar un plan de seguridad con acompañamiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y en eso estamos”.
Las medidas cautelares a Domínguez Serna cobraron relevancia tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo.
Al respecto, Matildes Gamas confirmó que hay mujeres desempeñando cargos públicos y que presuntamente son víctimas de violencia política de género, y “hemos recibido quejas para iniciar procedimientos sancionadores”.
Agregó que la violencia de género no es exclusiva de campañas o procesos electorales, incluso al frente de presidencias municipales.
“Tenemos dos casos y se siguen presentando. De repente surge en un ayuntamiento que hay una mujer autoridad municipal que considera o que siente que son violentados sus derechos electorales”, señaló.
-¿La ley es laxa en ese asunto?
-“Lo que pasa es que la ley en materia de violencia política ha avanzado y es una legislación reciente, entonces vamos creando sobre la marcha. Podemos iniciar procedimientos y los tribunales del Poder Judicial de la Federación pueden revocar, confirmar o decir: ‘no ha sido suficiente lo que has hecho’. Es un trabajo que se está perfeccionando”. (www.agenciairza.com)
