Erika Valencia: Hay feministas que simpatizan con la venta de niñas en Guerrero

– Fenómeno que ocurre particularmente en La Montaña

Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.-
La diputada local Erika Valencia Cardona, de Morena, reveló que hasta las “activistas feministas” justifican la venta de niñas en comunidades indígenas, justificadas en los “usos y costumbres”.

Señaló que los municipios de Acatepec, Alcozauca, Cochoapa el Grande y Metlatónoc, de la región Montaña; y de San Luis Acatlán, Costa Chica, son los de mayor incidencia de venta de niñas y matrimonios forzados.

En entrevista señaló que esa tradición de los pueblos originarios guerrerenses ha sido respaldada hasta por activistas feministas, quienes han exigido respeto a los “usos y costumbres” de la población indígena.

Sin embargo, la también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local, no reveló qué “feministas” han demandado ese respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Pero señaló que esa postura ha dificultado la iniciativa que ella presentó para modificar el Código Penal de Guerrero para frenar la venta de niñas; evitar que las familias entreguen a las niñas en matrimonio a cambio de dinero, vehículos, animales o productos de la canasta básica, una práctica de usos y costumbres de los pueblos indígenas de la Montaña y la Costa Chica, principalmente.

“… porque han protestado, incluso mujeres que se dicen feministas nos pidieron que no nos confundiéramos, que son costumbres, y las costumbres son muy bonitas cuando hay consentimiento de la pareja, pero cuando no es así, entonces sí es un delito y a veces son menores de edad y eso es más grave aún”, soltó.

Pese a eso resaltó que esta 62 Legislatura deja avances importantes en derechos para las mujeres, como la protección de sus derechos electorales: “Guerrero fue el primer estado en que se aprobó esa iniciativa, misma que se replicó en otras entidades, pero aquí hemos estado a la vanguardia”.

Con esa reforma se respetará la toma de decisiones en las asambleas de los pueblos en todas las tareas de prevención y erradicación de la trata de personas, “esto es importante porque sobre todo en La Montaña, donde se siguen dando los casos, a veces disfrazados de dote, pero en realidad es un delito grave y se llama trata de personas”.

Recientemente, recordó Valencia Cardona, el pleno del Congreso local aprobó una reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para establecer una penalidad de hasta ocho años de prisión a los servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite, con lo que se lesione la dignidad o memoria de las víctimas directas o indirectas de un delito.

De acuerdo con la diputada de Morena, por esa práctica frecuente muchas mujeres son “revictimizadas” por las propias dependencias oficiales.

Por esas acciones, los funcionarios podrían recibir una pena de prisión de 3 a 8 años y multas de 500 a mil 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además de que serán destituidos e inhabilitados de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, dijo. (www.agenciairza.com)

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