Etnias originarias aceptan coordinar usos y costumbres con Seguridad Pública oficial

– Sin simulación se consulta a indígenas y afro-mestizos: diputado Apreza

Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.-
Un informe preliminar del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) del Congreso local, derivado de la consulta que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se legisle en pro de los derechos de comunidades indígenas y afro-mestizas, reveló que esos sectores de la población guerrerense prefieren el “actual sistema de seguridad pública”, es decir, el que está a cargo de las instituciones del Estado Mexicano, regidas por la Constitución y las leyes que de esta emanan.

Esto, sin descartar la implementación de “un modelo de seguridad conforme a sus usos y costumbres”, pero “coordinado con el sistema público”.

Héctor Apreza Patrón, coordinador del GPPRI, dijo: “promovemos una consulta real y sin simulaciones”, pero también, agregó, culturalmente adecuado, es decir, en apego a la identidad de los consultados.

En conferencia de prensa y con el apoyo de diapositivas, Apreza expuso el origen y desarrollo hasta el momento de la consulta que ordenó la SCJN. Explicó que al GPPRI le asignaron la promoción de la consulta en 26 municipios, pero en 10 de éstos reportaron la ausencia de “población indígena”, por lo que se realizó únicamente en 419 localidades de 16 municipalidades.

Informó que el 85 por ciento de las comunidades consultadas “ya tomaron acuerdos” sobre el modelo de seguridad y que el resto está en fase de deliberación. De ese porcentaje, el 75 por ciento está a favor de seguir en el sistema de seguridad institucional, agregó el diputado Rafael Navarrete Quezada.

Sobre el mismo tema el diputado Olaguer Hernández Flores dijo que la población consultada no quiere cambiar de régimen de seguridad, pero tampoco quieren sentirse inseguros ante los elementos de las corporaciones e instituciones encargadas de esa materia.

“Dicen que cuando ven retén, se espantan porque se sienten extorsionados. Quieren sentirse seguros, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno”, añadió.

Héctor Apreza explicó que en este proceso detectaron demandas adicionales al tema de la seguridad pública, objetivo central de la consulta, como: ampliación de la red de alumbrado público, mayor presencia de maestros en escuelas, medicinas y médicos, sobre todo especialistas, en centros de salud; impulso de proyectos productivos acordes a la zona, agua potable, drenaje y caminos pavimentados, entre otros.

El coordinador priista insistió en que pugnaron porque esta consulta sea “real y sin simulaciones”, porque, además, es un ejercicio histórico y convocó al resto de los grupos y representaciones en el Congreso a realizar un “proceso de evaluación entre otros”.

Informó que la población concluyó en que a partir de este momento se le consulte cualquier reforma que influya en sus vidas: “exigen ser escuchados y que en los temas centrales haya consultas y foros para todos los temas”.

Con asombro el diputado Rafael Navarrete Quezada dijo que la sorpresa para los pueblos fue que, por vez primera, los diputados acudieron a sus localidades a consultarlos.

La diputada Flor Añorve Ocampo, integrante del GPPRI y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, confirmó que el lunes presentó a la SCJN un informe con 36 anexos de la preconsulta que realizó el Poder Legislativo de Guerrero.

Descartó la posibilidad de solicitar una prórroga al máximo órgano jurisdiccional y, en cambio, solicitó a los diputados mayor agilidad en el procesamiento de la información para cumplir la sentencia de la SCJN: “creo que sí necesita reunirse la Junta de Coordinación Política para que entre los coordinadores puedan presentar los avances de sus grupos y compartir qué es lo que hace falta, qué pendientes tendríamos. Considero que será mínimo lo que hace falta”.

También precisó que ningún diputado solicitó seguridad o acompañamiento policiaco para recorrer sus municipios en este proceso de consulta.

Interrogado sobre la protesta que realizaron este martes integrantes de una escisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en contra de la consulta, al considerar que es una “simulación”, Apreza dijo que este proceso se desarrolla con apego a la sentencia de la SCJN y con asesoría de especialistas.

Al respecto la diputada Alicia Zamora agregó que le parecen válidas las expresiones de la CRAC, pero enfatizó que este trabajo se ha realizado en territorio y con el respaldo de comisarios y alcaldes, pues sin ellos, admitió, no habría sido posible. (www.agenciairza.com)

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