Mecanismo que previene la tortura en el país, denuncia penalmente a la FGE

-También interpuso una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Chilpancingo, Gro.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), interpuso una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y denuncias penales contra funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero por «obstrucción de sus labores», luego de haberles negado el ingreso a esas instalaciones en esta capital para dar seguimiento a un informe de verificación de los centros de detención.

A través de un comunicado, el MNPT informó que para dar seguimiento a un informe especial sobre los lugares de privación de la libertad que dependen de la Fiscalía General de la República y de las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de los Estados y de la Ciudad México, el pasado 14 de abril vinieron a realizar una inspección a Guerrero.
Indicaron que personal del MNPT, en compañía de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, acudieron a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo, «a fin de observar el cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el mencionado informe».

Explicaron que en «el intento por realizar la visita de seguimiento, personas servidoras públicas de la FGE, ese día y en los dos días subsecuentes, en reiteradas ocasiones, de manera injustificada y solo con el argumento de que no contaban con indicaciones del Fiscal (Jorge Zuriel de los Santos Barrilla) para permitir la realización de la visita, les negaron el acceso a las instalaciones».

Señalaron que pretendían verificar las condiciones de los centros de detención, «en el caso particular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de los Bravos, el personal del MNPT fue tratado de manera prepotente y hostil por policías ministeriales —quienes se negaron a identificarse, aunque se cuenta con su media filiación—, incluso les dijeron que se salieran, ya que no tenían nada que hacer en ese lugar».

Ese mecanismo que depende de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que consideró que el «actuar de los servidores públicos involucrados en estos hechos, trasgreden las facultades del Mecanismo Nacional enunciadas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General), así como el mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, que facultan al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura».

Subrayaron que esos protocolos les permiten «acceder, en cualquier momento, sin aviso previo, ni restricción alguna, a todos los lugares de privación de la libertad, así como a toda la información relacionada con el trato, la situación, la condición jurídica y las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, con quienes pueden entrevistarse libremente, las ocasiones y el tiempo que sea necesario, en total privacidad, si así se requiere».

Indicaron que el artículo 31 de la referida Ley General, precisa que, «a quien injustificadamente impida el acceso inmediato a los lugares de privación de la libertad, para que se realicen las acciones de inspección señaladas en esta Ley, se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y de cien a doscientos cincuenta días multa, el personal del MNPT presentó formal denuncia ante la misma FGE y ante la Delegación Estatal de la Fiscalía General de República en dicha entidad».

Y adicionalmente, ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, «se solicitó el inicio de la queja correspondiente, a fin de que se investigue el actuar de los servidores públicos que han impedido las acciones de supervisión sistemática y permanente que por mandato legal deben de realizarse».

En el comunicado la CNDH hizo «un enérgico llamado a la FGE para que coadyuve con las labores del MNPT y le permita a éste y a otros organismos defensores de derechos humanos a cumplir con sus funciones y atribuciones, con el fin de garantizar la protección integral de los derechos de las personas en situación de detención, bajo los máximos estándares nacionales e internacionales de los derechos humanos».

Le recordaron a la FGE «que, entre los factores en que puede sustentarse la idea de que el Estado está implicado en la tortura, figura cuando agentes o personas asociadas a este ‘hayan tratado de obstruir o retrasar la investigación de la tortura’ (numeral 86 del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Protocolo de Estambul)».

Y agregaron que con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas y prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, la CNDH «continuará en coordinación permanente con las autoridades competentes y reitera su apoyo y solidaridad con las víctimas». (www.agenciairza.com)

Qué opinas
error: ESTE CONTENIDO ESTA PROTEGIDO