Tierra Colorada, Gro.- A un día del bloqueo que mantuvo cerradas por siete horas la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, a la altura del entronque que comunica con Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, comisarios de diversas comunidades sostuvieron una reunión con autoridades federales y estatales, quienes les solicitaron presentar de manera institucional las pruebas de sus señalamientos contra grupos de los autodenominados policías comunitarios presuntamente vinculados con el grupo criminal de Los Rusos, quienes el pasado viernes irrumpieron en comunidades del municipio de Tecoanapa.
La mesa de diálogo se llevó a cabo la tarde de este martes en el restaurante María Bonita de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, como quedó establecido en la minuta por la que levantaron el bloqueo carretero el lunes, y fue encabezada por el director general regional de la Secretaría de Gobernación (Segob), Andrés Galán Robles.
Durante el encuentro, el funcionario pidió a Daniel Rosas Martínez, representante de los comisarios de Juan R. Escudero, Tecoanapa, El Ocotito (municipio de Chilpancingo) y Xaltianguis (municipio de Acapulco), sustentar con pruebas documentales las acusaciones contra los policías comunitarios.
Galán Robles señaló que las denuncias deben presentarse por la vía institucional y consideró innecesario el bloqueo realizado el lunes, al indicar que ya existía atención por parte de funcionarios y que la presidenta Claudia Sheinbaum se mantenía informada de la situación.
Durante el desarrollo de la reunión, elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano se desplegaron en los alrededores del lugar para resguardar a los funcionarios federales y estatales.
El cierre de las vías federales fue realizado por comisarios de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa, El Ocotito, municipio de Chilpancingo, y de Xaltianguis, municipio de Acapulco, quienes exigieron que el gobierno impida la presencia de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), del Consejo Indígena de los Pueblos de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOEG-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en comunidades de la zona.
Cabe señalar que la UPOEG, el CIPOEG-EZ y la CRAC-PF acusan que Los Ardillos han desplazado familias de comunidades de Tecoanapa y por eso el pasado viernes incursionaron en esa zona para que se restableciera la seguridad.
En el encuentro también estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledesma Osuna; el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros; el director de Transportes del estado, Arturo Salinas Sandoval, así como mandos militares y de la Guardia Nacional, entre otros.
Los comisarios también plantearon demandas relacionadas con la ejecución de obras sociales y el coordinador de los comisarios, Daniel Rosas Martínez, pidió que la reunión fuera abierta a medios de comunicación.
Sin embargo, Andrés Galán se opuso, al señalar que no es “normal” en la Ciudad de México abrir las reuniones. Entonces, el comisario expuso el tema de seguridad, referente a la “incursión” de policías comunitarias del viernes 30 de enero en localidades de Tecoanapa, cuyos integrantes portaban armas de alto poder.
El enlace del gobierno de la República destacó la importancia de presentar las denuncias por la vía institucional y le sugirió que si tenía los elementos de prueba podría presentarlas en ese momento.
Posteriormente Daniel Rosas Martínez pidió a los reporteros salir del restaurante donde se celebraba la reunión y al finalizar daría una postura.
Al término del encuentro, Daniel Rosas Martínez, coordinador del consejo de comisarios, afirmó que entregó al enviado de la Secretaría de Gobernación “una documentación” en la que —aseguró— aparecen nombres y apellidos de “los criminales” de la UPOEG que reciben pagos por medio de la nómina del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres, además de un listado de los vehículos y placas que usan, y pidió que el Gobierno federal investigue al líder de esa organización, Lino Ponce González, “y a toda su estructura”.
También dijo que pidió que investigaran a Elizabeth Calixto Leyva, coordinadora con funciones de alcaldesa del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres.
“Yo les di evidencias reales, señalamientos reales de estos delincuentes”, enfatizó.
“Hice entrega de una documentación de los criminales, del número de placas de los vehículos en que se mueven y de una nómina donde están cobrando y son financiados por el ayuntamiento de Ayutla”, declaró en entrevista, al reiterar que la UPOEG, el CIPOEG-EZ y la CRAC-PF forman parte del grupo delictivo conocido como Los Rusos.
En respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que por la mañana informó que investigan el contexto y quién está detrás de tres bloqueos en menos de un año a la Autopista del Sol por parte de estos mismos comisarios, Daniel Rosas Martínez pidió que indague el por qué del primer bloqueo.
“Porque no hay medicamentos, porque las escuelas se están cayendo, porque no hay carreteras, ese fue el primer bloqueo que se hizo, y espero que le comuniquen las razones del segundo bloqueo: estuvieron compañeros ejidatarios de la zona rural de Acapulco, a quienes se les deben más de 287 millones de pesos por derecho de vía que no se ha resuelto, y el tercer bloqueo fue por la incursión de estos delincuentes”, dijo.
Señaló que compartía “profundamente lo que dice la presidenta: que se investigue, que todos los funcionarios del estado le den los datos precisos. ¿Qué estamos pidiendo?, ¿qué es lo que queremos?”.
Finalmente, Daniel Rosas Martínez informó que se prevé que entre el 16 y 20 de febrero los comisarios sean atendidos por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y posteriormente se programe una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
En entrevista, también al concluir la reunión, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que acordaron otra reunión “para meternos a fondo (sobre) lo que han planteado en materia de seguridad, que son situaciones que deben tener secrecía y que hay que cuidar mucho a las víctimas”.
Añadió que también acordaron incorporar a los gobiernos municipales a esas reuniones, porque es importante que “hagan su parte” en atención social y seguridad, y recordó que cuentan con recursos para ello.
En materia de seguridad pública, destacó que los municipios tienen presupuesto para esquemas de prevención, contratación de elementos de seguridad, tecnología y equipamiento. “Las autoridades municipales son los primeros respondientes en materia de seguridad, a través de la prevención del delito”, señaló.
Cuestionado sobre si el gobierno estatal impedirá la incursión de policías comunitarias en la zona, como pidieron los comisarios, Rodríguez Cisneros enfatizó que no confrontarán a nadie y que continuarán dialogando con todas las organizaciones.
“Estamos dialogando para que todos entiendan que tienen que estar en el lugar que tienen que estar. No vamos a confrontar a nadie”, dijo, y destacó el reconocimiento del gobierno estatal a los usos y costumbres y al movimiento comunitario.
Subrayó que en cuatro años de administración nunca se han confrontado con nadie ni se ha recurrido a la represión para atender conflictos, y aseguró que el gobierno actuará para generar condiciones de estabilidad.
Aunque concedió que, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se buscará impedir acciones que transgredan la paz y el orden público. “Respetamos mucho y reconocemos al movimiento comunitario, pero esencialmente tiene que hacer su labor de dar seguridad en sus comunidades”.
Asimismo, a través de un comunicado, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda reiteró que “la ruta es el diálogo respetuoso y la coordinación interinstitucional, privilegiando la construcción de paz y la estabilidad en la región”. (www.agenciairza.com)
