– Los mandatan las constituciones federal y estatal
Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- La fiscalización de los 898 millones 633 mil 453 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), que en 2023 ejerció Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, no es exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las constituciones federal y estatal, así como la Ley de Coordinación Fiscal, contradicen a la edil postulada por Morena a la Alcaldía en 2021 y reelecta en 2024, quien ha insistido en que la fiscalización de ese recurso no le compete a la Auditoría Superior del Estado.
En una entrevista reciente informó que el 21 de febrero del 2024 la ASE le notificó que auditaría el monto total del FAISMUN que recibió en 2023, es decir, los 898 millones 633 mil 453 pesos.
“Viola mis derechos, porque el artículo 79 de la Constitución (federal) es enfático y dice que la única autoridad que puede auditar recursos federales es la Auditoría Superior de la Federación, no la Auditoría Superior del Estado, no es su facultad”, sostuvo.
Pero el artículo 79, en el segundo párrafo del numeral 1, indica que la fiscalización de los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas o municipios podrá realizarse “en coordinación con las entidades locales de fiscalización”.
La alcaldesa de Acapulco también ha citado el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal para justificar la exclusividad de la ASF en la fiscalización de los fondos federales.
Sin embargo, el párrafo 5 del citado artículo cita: “Por su parte, cuando la entidad de fiscalización del Poder Legislativo local, detecte que los recursos de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”.
Apenas el 5 de agosto, cabe precisar, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla, solicitó información a la ASF para conocer si el gobierno de López Rodríguez ya solventó o comprobó el recurso, tras advertir presuntas omisiones de solventación.
La solicitud fue dirigida directamente al titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, mediante oficio LXIV/1ER/CPCP/034/2025, al que Agencia de Noticias IRZA tuvo acceso, y recibido el 5 de agosto a las 12:05 horas.
En síntesis, los artículos 79 de la Constitución federal y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal no establecen que la fiscalización de los recursos federales sea una exclusividad de la Auditoría Superior de la Federación.
En tanto, el artículo 153, fracción XII, de la Constitución de Guerrero, establece que la ASE será competente para “fiscalizar en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación las participaciones federales que administren el estado y los municipios”.
Sobre ese asunto en particular, en una entrevista reciente con Agencia IRZA, el titular de la ASE, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, informó que el 30 de abril del 2024 firmó un convenio de vinculación institucional con la ASF para revisar la Cuenta Pública 2023.
En consecuencia, la actuación de la ASE en la fiscalización de los fondos federales ejercidos por el gobierno de López Rodríguez, está fundamentada y coordinada de manera legal mediante ese convenio. (www.agenciairza.com)
