Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Acapulco, Gro.- Diputados federales y locales, junto con representantes de las auditorías Superior de la Federación y de Guerrero, impulsan una legislación homologada para cerrar vacíos legales que han permitido controversias constitucionales de autoridades locales, como la de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, para evadir la fiscalización de recursos federales ejercidos por los municipios.
Ese fue el objetivo del “Tercer encuentro nacional por la armonización legislativa y el fortalecimiento del Sistema de Fiscalización en México”, tras detectar que las controversias de autoridades locales para esquivar la fiscalización aumentaron en todo el país.
Durante el evento que reunió a titulares de Auditorías de varios estados del país, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, auditor superior de Guerrero, dijo que la homologación de la legislación evitará la “disparidad de criterios” entre la ASF y las auditorías locales.
Además, establecerá convenios permanentes de colaboración para que las auditorías estatales revisen el gasto federalizado ejercido por los gobiernos locales, especialmente los municipales, sin impedimentos o restricciones constitucionales.
Con la legislación actual, sostuvo Peralta Hidalgo, la ASE puede fiscalizar los recursos federales, “pero con límites”, es decir, solo cuando los recursos federales están integrados en la Cuenta Pública local.
“Es aquí donde el Sistema Nacional de Fiscalización cobra relevancia, porque promueve la colaboración entre distintos órdenes de gobierno a través de convenios, se evita la duplicidad de auditorías, se comparten metodologías y fortalece las capacidades técnicas. En Guerrero está coordinación es clave”, dijo.
Durante el evento, el diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, informó que el miércoles 15 de abril aprobaron reformas a las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas y a la General de Contabilidad Gubernamental que amplían las facultades de la Auditoría Federal en combate a la corrupción.
“La Auditoria va a reactivar los convenios para que las auditorías estatales estén inmersas nuevamente en la fiscalización de los recursos federales”, adelantó.
Davd Isac Ortiz Calzada, secretario general de la Auditoría Superior de la Federación, dijo que la reforma recién aprobada por la Cámara de Diputados robustece la posibilidad de ejercer investigaciones directas en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
Establece también convenios de fiscalización entre la ASF y las Auditorías estatales para la revisión de los recursos ejercidos por los municipios de manera homogénea, estandarizada y con los mismos criterios para minimizar la “opacidad”.
Cuestionado sobre los 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en 2023, observados al gobierno de Acapulco, encabezado por la morenista Abelina López Rodríguez, señaló que el caso no es “aislado”.
Reveló: “hay una multiplicidad de entes que se amparan respecto a las revisiones que realizan los órganos de fiscalización local”. La “opacidad” se acentúa, porque las auditorías de los estados “no pueden realizar labores de fiscalización si no es bajo un convenio de fiscalización vigente y establecido con la Auditoría Superior de la Federación”.
Enfatizó que la reciente reforma aprobada por la Cámara de Diputados amplía y homologa criterios para establecer los convenios de colaboración de manera ordinaria, pero aclaró que “eso no cambia el pasado”.
Agregó que la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento de Acapulco, en la que fue observado el FAISMUN, “tiene una consecución” legal en la ASF y ASE, mediante un seguimiento administrativo, lo que significa que el proceso de solventación continúa en curso
Ortiz Calzada anunció que el 30 de abril próximo la ASF entregará la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025 a la Cámara de Diputados, que prevé una revisión superior a los 9 mil millones de millones de pesos. (www.agenciairza.com)
