De 357 mdp, solo ha comprobado 21 el gobierno comunitario de Ayutla

-Intervendrá una comisión del Congreso local

Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.-
El Concejo Municipal de Ayutla de los Libres, región Costa Chica, electo por usos y costumbres en 2018, no ha comprobado el 90 por ciento de los recursos ejercidos entre 2018 y 2019, además de que, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE), es uno de los menos transparentes de Guerrero.

La opacidad en la ejecución del recurso público y los constantes problemas políticos y sociales en ese municipio, así como el conflicto entre los tres coordinadores del Concejo, ha provocado protestas tanto de habitantes como de comisarios, quienes exigieron la intervención del Congreso.

A propuesta del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, el pleno del Congreso local aprobó este miércoles, con 27 votos a favor y como asunto de urgente y obvia resolución, la creación de una comisión especial para intervenir ante el Concejo Municipal de Ayutla.

Cabe mencionar que el también morenista Aristóteles Tito Arroyo, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, se pronunció en contra, al señalar que la intervención del Poder Legislativo ante ese Consejo es “inconstitucional”.

En su exposición, Sánchez Esquivel explicó que el 26 de noviembre fue citado a una asamblea comunitaria en Ayutla, donde decenas de ciudadanos denunciaron irregularidades en el manejo de los recursos de la Casa de los Pueblos -Ayuntamiento- y que otros, desde el anonimato y por temor a represalias, le pidieron que las informara ante el pleno del Congreso.

La escalada de denuncias lo llevó, agregó, a consultar al presidente de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Alfonso Damián Peralta, quien le confirmó que entre los ejercicios fiscales 2018 y 2019, el Concejo de Ayutla ejerció más de 357 millones de pesos, de los cuales solo ha comprobado 21.

Abundó: “De la nómina de más de 73 millones de pesos no se ha comprobado un solo peso”. También dijo que de fondos federales ejercidos en el mismo periodo, que hacen una suma de 261 millones de pesos, “no hay una sola comprobación”.

“Hablando con el auditor superior del Estado, han hecho en reiteradas ocasiones llamados al municipio para que se presenten, y en relación a lo conducente se sirvan comprobar”, agregó Sánchez Esquivel.

Señaló que lejos de acatar los requerimientos de la ASE, el 12 de noviembre, mediante oficio, los coordinadores Longino Julio Hernández Campos, con funciones de presidente, y Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, en función de síndica, notificaron la destitución de su compañero Isidro Remigio Cantú, quien fungía como tesorero.

“De manera abrupta dos coordinadores, sin aval del Concejo y de la Asamblea Comunitaria, desconocieron a uno”, dijo, y agregó que el conflicto se agravó hace unos días tras el crimen atroz e infortunado de la contralora de Ayutla, Carolina García Macario, curiosamente después de que el Poder Legislativo exhortó al gobierno comunitario a que, a través de esa instancia, “se regulara el manejo de los recursos”.

“Esto y otros actos que ocurren (en Ayutla) me obligan a pedir a este Congreso su intervención, para pedirles la aprobación de una comisión especial de diputados que soliciten a los coordinadores una explicación de lo que pasa, en absoluto respeto a las autonomías del Congreso y de municipio. La situación administrativa, legal y de seguridad se debe explicar porque estos sucesos han ocurrido y golpean la transparencia y rendición de cuentas que deben emitir estos poderes”, solicitó el legislador y presidente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La propuesta de urgente y obvia resolución se aprobó por mayoría de votos, con 27 a favor y uno en contra, el del morenista Aristóteles Tito Arroyo, quien aseguró que la intervención del Consejo que solicitó su correligionario es “inconstitucional” y viola la autonomía del Concejo Municipal de Ayutla, electo e integrado por usos y costumbres y libre determinación de los pueblos.

Indicó que ninguna de las 45 fracciones del Artículo 61 de la Constitución de Guerrero prevé la intervención del Congreso en las decisiones internas de los gobiernos municipales, además de que la denuncia de Sánchez Esquivel carece de sustento jurídico y no sustenta las causales de los presuntos problemas sociales en ese municipio. (www.agenciairza.com)

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