Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- La llegada de la plataforma Pronto a Chilpancingo desató el rechazo de taxistas y concesionarios y puso en evidencia la falta de reglas específicas en la Ley 849 de Movilidad y Seguridad Vial de Guerrero para el transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales.
Publicada el 13 de agosto de 2024, esa legislación no contempla una modalidad específica para servicios como Pronto, Uber o DiDi, ni establece un procedimiento particular para autorizar a esas empresas y registrar a sus conductores y vehículos.
Tampoco contiene una prohibición expresa dirigida a esas plataformas. Sin embargo, esa ausencia no equivale, por sí sola, a una autorización para prestar el servicio.
El conflicto escaló el lunes 31 de agosto, cuando taxistas locales de Chilpancingo y de la ruta Chilpancingo-Iguala retuvieron dos automóviles que presuntamente operaban mediante Pronto, en las inmediaciones de la terminal de autobuses ubicada sobre el bulevar Vicente Guerrero, en los carriles de sur a norte.
Uno de los vehículos, sin embargo, presuntamente estaba vinculado al programa federal Becas para el Bienestar y su conductor habría sido confundido con un operador de la aplicación. Ambas unidades fueron remolcadas con grúas y trasladadas al corralón municipal.
Aunque el artículo 19 de la Ley 849 prevé impulsar la adopción gradual de innovaciones tecnológicas aplicadas al transporte, su contenido no establece permisos para empresas de traslado de pasajeros mediante aplicaciones ni crea una modalidad alternativa al taxi concesionado.
Por su parte, el artículo 242 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad dispone que el transporte público al que se refiere requiere un acuerdo del Consejo Técnico de Transporte para concesionar determinado servicio en una localidad o ruta específica.
La Ley 849 también atribuye a las autoridades estatales facultades para expedir licencias y permisos de conducir, registrar vehículos y establecer las tarifas del transporte público con base en estudios.
En medio de esta controversia, el diputado Vladimir Barrera Fuerte, presidente de la Comisión de Transportes del Congreso local, afirmó que ninguna plataforma digital cuenta con permiso para prestar ese servicio en Chilpancingo.
Por separado, Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que corresponde al gobierno estatal regular los permisos, las licencias y el cobro de impuestos relacionados con esa actividad.
Sobre la existencia de una legislación específica para el transporte por aplicación, añadió: “no tenemos conocimiento aún de una ley que establezca esto”. (www.agenciairza.com)
