Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- El reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas en Guerrero puede quedarse en el papel si no se traduce en presupuesto, servicios públicos y oportunidades, advirtió la alcaldesa de San Nicolás, Tarsila Molina Guzmán.
Durante el Parlamento de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, efectuado este jueves en el Congreso local, la presidenta municipal, quien participó como parlamentarista, señaló que 303 mil 923 guerrerenses se reconocieron como afromexicanos, afrodescendientes o negros en el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Desde la tribuna del Recinto Legislativo, Molina Guzmán destacó que la Constitución estatal reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público y establece obligaciones en materia de educación, salud, presupuesto, caminos, actividades productivas y acceso de las mujeres a la tierra.
Sin embargo, sostuvo que buena parte de esos derechos aún no se refleja “en la vida cotidiana de sus comunidades”, y planteó armonizar la Ley 701 para convertir el reconocimiento jurídico en políticas públicas, presupuesto, autoridades responsables y resultados verificables.
“No venimos solamente a bailar la artesa o la danza de los diablos. Nuestras expresiones culturales nos dan identidad y orgullo, pero no deben utilizarse para reducirnos al folclore. Venimos a exigir el ejercicio pleno de nuestros derechos”, resaltó.
La alcaldesa postulada por el Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, demandó servicios de salud dignos, universidades, becas y acciones afirmativas para jóvenes afromexicanos, además de transporte seguro para las mujeres, acceso a la tierra y proyectos productivos.
Sostuvo que armonizar la legislación no representa un “regalo”, sino una medida para atender una “deuda histórica” derivada de la “esclavización, el despojo y siglos de racismo”. (www.agenciairza.com)
