Berenice Reyes/IRZA
Chilpancingo, Gro.- Docentes de la CETEG de la región Norte protestaron ante el palacio de gobierno, inconformes por el despido de una docena de maestros del Instituto de Bachillerato del Estado de Guerrero (IBGro).
Denunciaron que la mayoría de las despedidas son mujeres y este lunes, antes de marchar al sur de esta capital, realizaron pintas en las instalaciones de la Dirección General del IBGro, ubicada en el fraccionamiento Pensadores, cerca del parque Armando Chavarría Barrera.
Después de las 12:00 horas, unos 60 marcharon de la glorieta, ubicada frente al Instituto Tecnológico de Chilpancingo, al palacio de gobierno, para exigir a las autoridades estatales la reinstalación de los maestros cesados y el pago de salarios caídos.
Exigieron también la destitución inmediata del director general de la institución, Francisco Javier Herrera Rodríguez, al que acusan de “corrupción, nepotismo, abuso laboral, prepotencia, conductas misóginas en contra de docentes y personal administrativo mujeres”.
Rafael Salgado, de la Dirección Colectiva de la CETEG en la región Norte, dijo que se reunieron con el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, sin llegar a acuerdos sobre la petición de la salida del director general, Francisco Javier Herrera.
Sostuvo que, sin justificación, el director general ha ordenado la suspensión de contrato y la rescisión laboral de trabajadores, en su mayoría mujeres.
Eva María Román Ramírez, docente de la secundaria general Plan de Iguala, acusó que en el 2017 inició un procedimiento penal por cobrar horas docentes cubiertas, y dicho laudo resultó favorable en el 2018, sin embargo, no se ha dado cumplimiento al fallo y hace un año metieron una actualización, y por ello la SEG los despidió sin justificación. “Soy una maestra con 27 años de servicio y se me hace injusto que me quiten mi plaza cuando tengo la razón, estamos pidiendo respeto a nuestro derecho”, agregó.
Ana Karen Martínez Díaz, trabajadora del IBEGro en la comunidad de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, denunció que después de solicitar su licencia por gravidez y un embarazo de alto riesgo, fue objeto de violencia institucional y discriminación, retención de salario, violación al debido proceso, intimidación y despido injustificado.
Señaló que acusa también a Alejandro Gilberto Alemán Vargas, titular de la unidad de Asuntos Jurídicos, ya que cuando se encontraba hospitalizada por el embarazo de alto riesgo, se le levantaron sanciones administrativas sin garantizar sus derechos de audiencia y defensa.
Aseguró que después al presentarse a laborar, fue objeto de intimidación y hostigamiento laboral y económico, porque le retuvieron salarios y le impidieron el acceso a su trabajo, informándole que estaba despedida.
Añadió que la Comisión de Derechos Humanos del Estado reconoció que fue objeto de actos de intimidación y violencia institucional, y añadió que su caso no es único, por lo que exige una investigación en contra de quienes han abusado del poder. (www.agenciairza.com)
