Funcionarios de la FGE son acusados de allanamiento de morada y de robo

Chilpancingo, Gro.- Dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE)  que están acusados de allanamiento de morada, de robar sesenta mil pesos en efectivo, así como sembrar droga en el domicilio de la señora Sonia Patricia Organista del Carmen, vecina de la colonia Guadalupe, de esta ciudad capital, no han sido investigados ministerialmente, “gozan de impunidad”, acuso la misma presunta agraviada.

La probable víctima dijo que esos dos personajes son Rubén Jacobo Mendoza, y Ernesto Jacobo García, quienes, agregó, fungen como agente del Ministerio Público y fiscal regional en esta zona Centro del estado, respectivamente.

Sonia Patricia narró que el 13 de julio de este año, Rubén Jacobo y Ernesto Jacobo, acompañados de agentes policiacos, irrumpieron sin orden de cateo en su domicilio, en donde es dueña de una pequeña tienda de abarrotes.

En una protesta que realizó al medio día de este viernes a las afueras de la FGE, manifestó que previamente le dijeron que estaba acusada de ser narcomenudista, que su tendajón era una “narcotiendita”, según la denuncia de uno de sus vecinos.

Ante esto, agregó la mujer que su esposo dijo a los funcionarios de la FGE que pasaran, que no tenían nada que esconder.

«Mi esposo permitió que ingresaran los policías, porque no tenemos nada que temer, nos dedicamos al comercio y a ganarnos la vida de manera honrada», aseguró.

Comentó que durante el cateo no les permitieron estar en la casa, pero posteriormente los introdujeron para decirles que habían encontrado unos envoltorios con presunta droga, por lo que «nos llevaron presos a mi esposo y a mí, pero en el desahogo de pruebas nos dejaron en libertad porque somos inocentes».

Señaló que por esa situación decidieron interponer una denuncia ante la FGE, para que de manera interna investigarán las actuaciones de los dos funcionarios en mención, a quienes acusan, además, de haberles robado 60 mil pesos que tenían en su domicilio al momento del cateo y que fue producto de la venta de un terreno.

Dijo que al interponer la denuncia, le dieron un número de folio de la indagatoria interna que iniciarían en la FGE, pero hasta la fecha, no hay avances.

 «Hemos pedido desde hace dos meses una audiencia con el fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, para denunciar estas anomalías y no nos han hecho caso», se quejó.

Indicó que por ello decidieron también interponer una denuncia ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (CDDHG), en contra de esos dos servidores públicos.

«Lo que estamos exigiendo es que la Fiscalía limpie el nombre de nuestra familia, porque no somos unos delincuentes y que se proceda contra los vecinos que nos acusaron de manera injusta», además de que le devuelvan los 60 mil pesos, agregó. (www.agenciairza.com)