Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero “inició un proceso de investigación” en el municipio de Chilapa de Álvarez y solicitó medidas cautelares -de seguridad y atención médica- para las familias desplazadas por la violencia registrada entre el 6 y 12 de mayo en esa zona.
De acuerdo con Cecilia Narciso Gaytán, titular del órgano autónomo, la mayoría de las familias desplazadas ya regresaron a sus comunidades, aunque se negó a precisar la cantidad exacta y el estatus actual de cada una.
“Está variando, ¿no?, entonces sí me gustaría esa cifra…no quiero dar un dato que al rato cambie, porque primeramente estaban señaladas como desplazadas, pero ya ahorita fueron unas reincorporadas a sus localidades”, dijo.
Al concluir la conferencia de Ana Lorena Delgadillo Pérez, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, señaló que las medidas cautelares fueron aceptadas por el gobierno estatal.
En entrevista, precisó que a la zona han ingresado visitadores de la CDHEG para documentar la investigación en conjunto con las comisiones de Atención a Víctimas de los gobiernos federal y del estado, para acompañamiento de las familias.
Narciso Gaytán indicó que el trabajo en campo que realizan en la zona entre los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, les permite tener “un diagnóstico de las circunstancias que prevalecen en los lugares donde se dio esta circunstancia tan lamentable”.
– ¿Ve una crisis de derechos humanos en el estado de Guerrero?
– “Cuando hay una suspensión de derechos es una violación a ellos. Si estamos hablando de desplazamientos, desaparición, es, desde el enfoque internacional y nacional, una violación grave. Sin duda, tener estadísticas de personas con este enfoque, y es lamentable, lacera los derechos y podemos decir que están en circunstancias complicadas”. (www.agenciairza.com)
