Chilpancingo, Gro.- El reconocimiento del Estado a las graves violaciones a los derechos humanos con la llamada “Guerra sucia”, debe de incluir la apertura de los archivos militares para saber qué sucedió con centenares de personas que fueron desaparecidas en la década de los 70 en México.
El posicionamiento del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, se debe a que, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la “Guerra sucia” se planeó y ordenó desde las “más altas esferas del poder” en México, y que su gobierno trabaja en reconocer la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en esa época.
Tocó el tema por el caso de Alicia de los Ríos Merino, integrante de la guerrilla de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien fue detenida en enero de 1978 en la Ciudad de México, y la última ocasión que la vieron fue en la Base Aérea de Santa Lucía de Acapulco.
Se presume fue subida a un avión y lanzada al mar, en una táctica llamada “los vuelos de la muerte”, con la que lanzaban a personas detenidas y asesinadas de manera clandestina por militares.
En agosto pasado, un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrir sus archivos y entregar información a los familiares de Alicia de los Ríos Merino, sobre su paradero y destino final.
El Centro Pro, que acompaña jurídicamente a los familiares de Alicia de los Ríos, estableció que la Sedena debe responder a esa resolución judicial “que le ordena entregar al Archivo General de la Nación los archivos del periodo de la llamada Guerra sucia, mediante una comisión imparcial. Esto, a raíz del litigio impulsado por Alicia, quien busca a su madre, desaparecida hace 48 años”.
Consideró que la postura pública de la presidenta Sheinbaum contrasta con la postura que ha asumido la Sedena, que es “promover recursos legales para demorar el cumplimiento de la resolución”.
El organismo no gubernamental, reiteró que en el reconocimiento del Estado de “que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante esa época fueron ordenadas desde las más altas esferas del poder, debe incluir la apertura de los archivos militares y la recuperación de las recomendaciones del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico”. (www.agenciairza.com)
