– La resolución busca garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad, tras años de información incompleta y omisiones por parte del Ejército
Ciudad de México.- El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar más de 800 folios generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) con sede en Iguala, que contienen información relacionada con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
La resolución judicial, emitida en el juicio 1350/2023 el pasado 19 de febrero, se da luego de que en agosto de 2023 los abogados del Comité de madres y padres de los estudiantes desaparecidos interpusieran un amparo ante este juzgado.
En su fallo, el Juzgado señaló que los aproximadamente 853 folios faltantes “deben facilitarse para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad” y precisó que la ausencia de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada.
Las organizaciones que acompañan desde hace más de 11 años a las familias denunciaron que la Sedena ha ocultado documentos cuya existencia fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El GIEI documentó que, en 2014, tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI sobre el seguimiento de los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre, pero los folios entregados estaban incompletos, evidenciando documentación faltante y un ocultamiento arbitrario.
En un comunicado, las organizaciones lamentaron que las familias hayan tenido que recurrir a la justicia federal “ante la parálisis de la Covaj, que dejó de funcionar como mecanismo para superar los obstáculos de la investigación” y que los avances se hayan ralentizado por la falta de entrega de información por parte de Sedena.
La resolución reconoce el derecho de las familias a conocer la verdad y establece que la información no puede clasificarse como confidencial o secreta, “en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa”.
Asimismo, recordaron que en septiembre de 2023 un Tribunal Colegiado ya había ordenado al Ejército “abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información relacionada con el caso”.
Las organizaciones concluyeron señalando que, a más de 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes, sigue sin esclarecerse el caso y que las familias han tenido que impulsar acciones legales a nivel nacional e internacional para acceder a información crucial que podría contribuir a conocer el paradero de sus hijos. (www.agenciairza.com)
