Mueren de COVID-19 cinco personas desplazadas por la violencia de la sierra de Leonardo Bravo
– Piden ayuda al gobierno federal pero no los atienden
Chilpancingo, Gro.- Abogados de las familias desplazadas por la violencia hacia otros lugares fuera del municipio Leonardo Bravo (Chichichualco), informaron que cuatro personas de los suyos (4 mujeres y 1 hombre) han muerto a consecuencia del COVID-19.
Este jueves, mediante un boletín del Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña «José María Morelos», se dice que apenas el miércoles falleció, víctima de esa enfermedad, la señora Rufina Benítez Crispín.
La abogada Teodomira Rosales Sierra lamentó esta situación y denunció que a pesar que ha habido acuerdos con la Secretaría de Gobernación para atender a las familias desplazadas, la atención no ha sido integral.
Denunció que hace falta cumplir algo primordial que es el derecho a la salud «lamentablemente falleció este miércoles la señora Rufina Benítez Crispín, de 78 años de edad», quien era originaria de la comunidad de Campo de Aviación, municipio Leonardo Bravo.
Explicó que desde su desplazamiento forzado, doña Rufina fue afectada severamente en su salud emocional y física, que se agravó a consecuencia de la pandemia del Covid-19, la cual finalmente le provocó la muerte.
Dijo que el año pasado sostuvieron una reunión con María de los Ángeles Haces, directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que depende de la Secretaría de Gobernación, y «acordamos que de manera coordinada darían atención médica a las víctimas de desplazamiento forzado… lo cual nunca se cumplió».
Señaló además que cuando se pidió el apoyo para gastos funerarios, la funcionaria sostuvo que se debería de cumplir con una serie de requisitos que para las familias desplazadas son imposibles de llenar.
Agregó que en el movimiento de familias desplazadas de Chichihualco, 25 personas dieron positivo de COVID-19 a los que se les ha dado tratamiento por la vía de la asistencia independiente.
También lamentó que «el gobierno envía militares a destruir los sembradíos de amapola en la sierra y no para desarticular a los grupos delincuenciales que han desplazado a cientos de familias de distintas poblaciones de la sierra y generar condiciones seguras para que puedan retornar a sus comunidades.”
Y por ello demandaron al gobierno federal garantice los derechos humanos para, entre ellos el de la salud, para estas familias desplazadas de ese municipio y van a cumplir 3 años fuera de sus lugares de origen en la sierra de Leonardo Bravo. (www.agenciairza.com)