Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- El presidente municipal de Iguala, Erick Catalán Rendón, rechazó los señalamientos que el miércoles en Chilpancingo lanzó en su contra la regidora del PAN, Rosario Bustillos Muñoz, quien lo responsabilizó de lo que pueda sucederle, así como a su familia y colaboradores.
Durante una transmisión a través de su página de Facebook, el alcalde postulado por el Partido Verde Ecologista de México, Morena y PT, dijo que las acusaciones de la edil resultan «temeraria” e irresponsables.
“No vengo a señalar sin pruebas, sino a aclarar con argumentos las acusaciones y completamente infundadas», dijo el edil, y sostuvo que no ha hecho ningún tipo de amenaza a la regidora.
El miércoles en esta ciudad capital, la regidora Bustillos Muñoz, acompañada por líderes y dirigentes estatales del PAN, denunció presuntas amenazas y advertencias del alcalde Erik Catalán Rendón, porque no está de acuerdo con sus acciones de gobierno y decisiones de Cabildo.
“Temo por mi vida, por la de mi familia, por la de mis compañeros de trabajo, porque se han dado, les repito, muchas circunstancias en Iguala que me pueden (superan) a mí también”, alertó.
Acusó que el alcalde ya había ejercido las primeras represalias en su contra, porque a partir de junio le suspendió el gasto mensual de 15 mil pesos para gestión, así como el pago de la última quincena de sus colaboradores.
Pero el alcalde refutó los señalamientos y aseguró que el diferendo con la regidora del PAN se debe a que el Cabildo acordó reducirle el número de colaboradores, así como prestaciones, como parte de una estrategia de austeridad.
Esa medida, explicó, es necesaria para cubrir 10 millones de pesos que adeuda el Ayuntamiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) generado por periodos anteriores que no pagaron el ISR.
Ventiló que en mayo la regidora le solicitó un bono de 50 mil pesos por el Día de las Madres, pero fue rechazado por falta de recursos. Ese hecho en particular, dijo, quedó asentado en un acta de Cabildo.
Sin embargo, insistió en que esa medida no justifica los señalamientos y acusaciones infundados de la regidora panista, a quien le exigió presentar pruebas para demostrar sus dichos ante las autoridades competentes.
También señaló que algunos familiares de la regidora trabajan en el Ayuntamiento, pero aclaró que “estas situaciones administrativas no pueden ser tratadas como represalias cuando se actúa con responsabilidad institucional».
El alcalde rechazó que ese diferendo pueda configurarse como violencia política de género, porque «no existen elementos sólidos que justifiquen escudarse en ello», además de que “desvirtúa una lucha legítima que debe tratarse con seriedad”. (www.agenciairza.com)
