San Marcos, Gro.- La síndica procuradora del municipio de San Marcos, Denise Guadalupe Valle Trujillo, denunció que el alcalde Misael Lorenzo Castillo violó la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero al promover y aprobar un acuerdo mayoritario de Cabildo que la excluye del manejo de las cuentas públicas correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortmun) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun).
La funcionaria municipal informó que el sábado pasado el edil, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), convocó a una sesión de cabildo en la que, por mayoría de votos, se autorizó que el presidente municipal y el tesorero “mancomunen sus firmas para la apertura de cuentas bancarias de los fondos Fortamun y Faismun”, decisión que —aseguró— la excluye deliberadamente de sus funciones legales como síndica procuradora.
De acuerdo con Valle Trujillo, dicha determinación contraviene lo dispuesto en los artículos 73 y 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y vulnera la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual establece mecanismos de control colegiado para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos.
La representante popular afirmó que detrás de esta medida existe un abuso de autoridad que genera opacidad en el manejo del erario y debilita el control institucional. “Esta omisión expone al Ayuntamiento a responsabilidades administrativas y penales severas. Durante la sesión, advertí formalmente a mis compañeros ediles que avalar esta ilegalidad los hace sujetos a sanciones que incluyen la inhabilitación, la destitución y responsabilidad penal”, señaló.
Subrayó que su función no es simbólica, sino que la ley le otorga atribuciones específicas de vigilancia y fiscalización del patrimonio municipal. “Mi papel no es decorativo: la ley me confiere facultades de vigilancia y fiscalización sobre el patrimonio municipal. Negar mi participación en la mancomunación de firmas no solo es un acto jurídico nulo, sino también un acto de violencia política por razón de género, que busca invisibilizar la representación de las mujeres en la toma de decisiones estratégicas”, sostuvo.
Valle Trujillo denunció además que se le ha negado de manera sistemática el acceso a información financiera y técnica del Ayuntamiento, la cual solicitó formalmente desde el lunes 19 de enero. Añadió que incluso se ha falsificado su firma y utilizado sin autorización el sello de la oficina de la sindicatura en documentos de la Cuenta Pública entregados a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Finalmente, consideró que su exclusión constituye una obstrucción directa a sus derechos políticos y una muestra de prácticas carentes de legalidad. “Actuaré conforme a derecho, acudiendo a las instancias administrativas y judiciales correspondientes para salvaguardar el patrimonio de todas y todos. No busco confrontación, sino el respeto a la institucionalidad, la transparencia y la igualdad de género en nuestro municipio”, concluyó. (www.agenciairza.com)
