Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- Luego de una larga e intensa sesión, el pleno del Congreso local aprobó este miércoles, por mayoría de votos, la reforma constitucional al Poder Judicial de Guerrero, propuesta por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la cual sí contempla el “haber de retiro” (pensión), misma que será proporcional para los jueces y magistrados en funciones con base a sus años trabajados, y de “pago único” para los que serán electos por voto popular en el año 2027.
El dictamen, propuesto al pleno de legisladores por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, obtuvo 35 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, esta última de la diputada de Morena, Diana Bernabé Vega.
Los diputados que votaron en contra fueron: Alejandro Bravo Abarca, Pilar Badillo Ruiz, Beatriz Vélez Núñez y Jesús Parra García, del GP del PRI; María Irene Montiel Servín del PAN; y Aristóteles Tiro Arroyo, del Grupo Parlamentario (GP) de Morena.
La diputada Diana Bernabé se abstuvo al considerar que el tabulador para el “haber” de retiro de los magistrados debió ser similar al de un médico o maestro; mientras que Aristóteles Tito se quejó de que la citada reforma no fue consultada a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Sobre los haberes, como las pensiones, la diputada Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la comisión dictaminadora, explicó que la reforma constitucional elimina por completo la “pensión vitalicia” para todos los impartidores de justicia.
Y sobre la temporalidad y proporcionalidad de los “haberes” de retiro para los jueces y magistrados en funciones, dijo, serán determinados entre la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal y el Poder Judicial, porque cada impartidor de justicia tiene su particularidad de tiempo en el desempeño de las tareas.
Además, el monto que recibirá cada impartidor de justicia por retiro no será mayor al salario mensual de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, con base al artículo 127 de la Constitución federal.
Precisa, además, que los magistrados y jueces que concluyan su encargo y no se postulan para continuar como personas juzgadoras, no serán beneficiarios de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes del cierre de la convocatoria para el proceso electivo del 2027, con efectos al 31 de agosto de ese año.
Quienes decidan sí postularse y no resulten electas tendrán derecho a un pago único de retiro equivalente a tres meses y 20 días de salario por cada año de servicio prestado. Precisa, además, que los derechos laborales para los servidores públicos del Poder Judicial (trabajadores) “serán respetados en su totalidad”.
Sobre la elección de jueces y magistrados, el dictamen precisa que las personas que actualmente fungen como jueces y magistrados, deberán optar por separarse de sus cargos o participar en el proceso electivo.
La diputada Calixto explicó también que el dictamen tuvo 20 observaciones con relación a la iniciativa que envió la gobernadora Evelyn Salgado, como el hecho de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia fuera electo de manera interna.
Sin embargo, el dictamen establece que el presidente del Poder Judicial será el candidato que obtenga el mayor número de votos y su sucesión será en prelación con base al índice de votación y en apego al principio de paridad de género. La Presidencia del TSJ se rotará cada año. Si inicia con un hombre, el siguiente año deberá ser para una mujer.
Por única ocasión, aclaró la diputada, los magistrados que obtengan el primer lugar en la jornada electiva del 2027 tendrán un periodo de 9 años, quienes obtengan el segundo lugar será de 6 años, con el propósito de que en el siguiente proceso electivo no se renueve el 100 por ciento de las magistraturas.
El proyecto de reforma extingue también el Consejo de la Judicatura y crea dos nuevos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, con los cuales pretenden una mejor distribución de funciones y el fortalecimiento de la independencia y mayor eficiencia en la administración de justicia. (www.agenciairza.com)
