Chilpancingo, Gro.- La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental requirió al director de la Comisión de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, Arturo Salinas Sandoval, que aporte información sobre la autorización del incremento a la tarifa del transporte público.
Pero Carlos Marx Barbosa, del Frente Nacional de Abogados Democráticos (FNAD), informó que la dependencia estatal procedió hasta que interpusieron un amparo.
Señaló que esperarán el informe y la manera en que proceder de la Secretaría de la Contraloría contra el servidor público, quien a su consideración avaló un “fraude” al no actuar por el incremento unilateral del pasaje en Guerrero.
Carlos Marx Barbosa recordó que, a principios de abril, de manera sorpresiva y sin autorización de por medio los concesionarios del Transporte público subieron el precio del pasaje en Zumpango, Chilpancingo y Acapulco.
Agregó que por ello el FNAD pidió por escrito al director de la Comisión de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, Arturo Salinas Sandoval, que procediera en contra de esos transportistas y los sancionara, “pero nunca lo hizo, no dio ninguna respuesta e incumplió su papel como servidor público”.
Indicó que el 14 de abril ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental interpusieron una denuncia en contra del director de Transportes “por presuntos actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, consistentes en probable abuso de autoridad, ya que se ha incrementado el cobro del pasaje del transporte público sin cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley”.
Y acusó que también la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental no actuó, y por ello la semana pasada interpusieron un amparo ante el Juzgado I de Distrito en Guerrero, y fue así que ya les notificaron que se inició un “acuerdo de inicio de investigación” contra el servidor público en mención.
Precisó que la Contraloría abrió el expediente DCJA/AI/IA/0073/2026 con fecha 29 de abril pasado, con el que dan por iniciada una investigación para determinar si hubo una conducta o no indebida en el ejercicio de su función pública de Arturo Salinas Sandoval.
En ese expediente le dan a Salinas Sandoval un plazo de cinco días hábiles para que haga llegar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental “un informe pormenorizado, en relación a los presuntos hechos denunciados”. (www.agenciairza.com)
