Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- El pleno del Congreso local avaló este jueves, por mayoría de votos, el “Plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución del país.
La modificación que reducirá el presupuesto de los congresos, como el de Guerrero, el número de regidores en ayuntamientos y las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, obtuvo 38 votos a favor y 6 en contra, cinco del PRI y uno del PAN, convirtiéndose en el tercer Poder Legislativo del país en avalar el proyecto.
Durante la sesión ordinaria, en la que se abordó este asunto como único en el Orden del Día, diputados de Morena y sus aliados del PT y PVME defendieron la reforma, la cual, aseguraron, fortalece la democracia y limita los excesos sobre el gasto público.
Mientras que los diputados de oposición coincidieron en que el “Plan B” sintetiza una medida administrativa, induce deliberadamente la concentración del poder y debilita las instituciones democráticas del Estado Mexicano.
Elimina estructuras de privilegio
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, su presidenta, la diputada Citlali Calixto Jiménez, defendió la procedencia de la reforma, porque, de fondo, elimina estructuras de privilegio a costa del servicio público.
Contempla la reducción de gasto del Poder Legislativo y ayuntamientos y la disminución de sindicaturas y regidurías, y permitirá dirigir mayor presupuesto al bienestar colectivo y las poblaciones más vulnerados, dijo.
Citlali Calixto agregó que su principal acierto es la prohibición de “destinar recursos públicos para la adquisición de seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales”.
Agregó que las percepciones de consejeros y magistrados electorales “no podrán ser superiores” a las del titular del Poder Ejecutivo federal. Establece también que el presupuesto del Congreso local será relativo al 0.70 por ciento del gasto estatal.
Ese tope presupuestal, señaló, “evita excesos y asegura que el gasto legislativo sea proporcional, liberando recursos para atender las necesidades más apremiantes de la población”.
Además, incorpora el mandato de paridad de género en la integración de ayuntamientos y legislaturas, lo que garantiza una distribución efectiva del poder y reconoce el papel activo de las mujeres.
Las posturas
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Héctor Suárez Basurto respaldó el proyecto que, dijo, pone limite a los altos salarios de altos mandos y fortalece la democracia y el ejercicio libre de los derechos electorales.
También genera un ahorro porque no solo pone tope a remuneraciones, reduce sindicaturas y regidurías en ayuntamientos. Refirió que la reforma no sustituye la política de seguridad, pero sí fortalece las instituciones para que el ejercicio del poder sea más transparente y responsable y menos susceptible a la corrupción.
Hilda Jenifer Ponce Mendoza, a nombre del PVEM, dijo que la reforma pone orden al ejercicio del poder público y corrige excesos que durante años se normalizaron. Sin embargo, no reduce al Estado, por el contrario, “lo hace más útil”.
A favor también se pronunció Edgar Ventura de la Cruz, del PT, quien señaló que el “Plan B” garantiza mayor equidad, combate privilegios, fortalece la vida democrática y garantiza un ejercicio de poder con ética pública. “El servicio público no debe ser sinónimo de privilegio”, indicó.
En contra se pronunció el Grupo Parlamentario del PRI, cuyo coordinador, Alejandro Bravo Abarca, señaló que debilita deliberadamente las instituciones encargadas de las elecciones y que los supuestos ahorros atentan contra la democracia, lo que deriva en una “incongruencia”.
“Esta reforma no fortalece la democracia, la restringe; no mejora la representación, la reduce; no consolida las instituciones, las debilita”, resaltó.
La representación del PAN, a través de María Irene Montiel Servín, también se pronunció en contra, al señalar que la reforma “solo cumple caprichos”, porque “no contempla un blindaje electoral contra la delincuencia organizada”, la cual, afirmó, controla el país.
A nombre de Movimiento Ciudadano, la diputada Erika Lührs Cortés cuestionó la reforma, pero votó a favor. Respaldó el propósito de eliminar los excesos, pero señaló que el diseño del “Plan B” no fortalece las instituciones democráticas. “No es reforma, es un ajuste que no transforma”, sostuvo.
La bancada del PRD también cuestionó el proyectó, pero lo votó a favor. El diputado Robell Urióstegui Patiño, señaló que la reforma se centra en la estructura operativa de los municipios y del gasto público. (www.agenciairza.com)
