Revelarán análisis sobre el cuestionado manejo financiero del diputado Helguera

Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- Un análisis del cuestionado manejo financiero del expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Antonio Helguera Jiménez, se conocerá en este primer trimestre del año.

“Estamos a días de recibir las observaciones de la Auditoría Superior del Estado a ese periodo y a ese tiempo, no me puedo adelantar a lo que no he recibido”, confirmó Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Jucopo.

Precisó que el periodo de Helguera Jiménez transcurrió en el ejercicio fiscal 2019, el cual ya está siendo revisado por la ASE, cuyo órgano técnico de fiscalización enviará el informe de resultados al Poder Legislativo.

Pero matizó: “ha habido muchas apreciaciones sin sustento técnico en temas que han ocurrido, opiniones que se consideran como prácticas o como si fueran señalamiento de un juez de que (Helguera) tomó aquí y tomó allá y la verdad no puede ser posible”

Aunque advirtió que si la Auditoría General del Estado confirma irregularidades financieras o administrativas en ese periodo, tendrán que iniciarse acciones de tipo legal, pero insistió en que no es correcto prejuzgar.

Explicó que quien preside la Jucopo no siempre tiene conocimiento técnico sobre el manejo financiero y administrativo del Congreso: “sin ánimo de soslayar, se hacen apreciaciones erróneas y se construyen cosas que no son”.

Cabe recordar que el diputado Antonio Helguera Jiménez, durante su periodo como presidente de la Jucopo, insistió en que el Poder Legislativo realizó un “ahorro” derivado de ajustes presupuestales, eliminación de servicios para los diputados y reducción del salario, sin que al final de su gestión precisara hacia dónde se canalizó ese recurso, el cual ascendía a más de 30 millones de pesos.

Sánchez Esquivel precisó: “El término ahorro es erróneo, lo que aquí se puede hacer es lograr mayor eficiencia administrativo del recurso. Esta legislatura debe, en esta recta final, cumplir con eso, que el recurso disponible se utilice responsable y equilibradamente”.

Comentó que las irrupciones violentas y destrozos de grupos estudiantiles o sociales le cuestan al Congreso entre 1 y 4 millones de pesos, lo cual es triste porque se echa mano de recurso público para reparaciones y compra del mobiliario o equipo de cómputo dañado.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local dijo que en términos reales el Poder Legislativo no tuvo aumento presupuestal para este año: “hemos mantenido la línea de la austeridad”. (www.agenciairza.com)

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