– No podrán ocupar cargos, empleo o comisión en el servicio público
Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- El Congreso local aprobó la minuta de la reforma a la Constitución federal que suspende los derechos a los agresores sexuales y deudores alimentarios para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público, conocida también como “Ley 3 de 3”.
El dictamen de la Junta de Coordinación Política fue aprobado este jueves por unanimidad en la sesión legislativa, con lo cual Guerrero se convirtió en la entidad número 18 del país en avalarla.
Fue el pasado 28 de abril cuando el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que reformó y adicionó los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a los agresores sexuales y deudores alimentarios.
Previo a la aprobación de la minuta, la diputada Patricia Doroteo Calderón, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, dijo: “no podemos continuar en el atraso legislativo en materia de defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Agregó: “no podemos seguir permitiendo que existan candidaturas de personas que se encuentren en los supuestos de contar con sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosocial, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos por ser declarada como deudora alimentaria morosa”.
Consideró que los diputados están obligados a legislar al respecto, no porque se les haya mandado la minuta, sino porque deben hacer que el marco normativo se encentre en defensa de los derechos humanos de todas las mujeres.
Pero también para que existan todos los elementos legales indispensables para sancionar a aquellas personas que cometan actos de violencia en contra de la dignidad humana, porque “es una responsabilidad que no podemos eludir”.
La diputada Julieta Fernández Márquez, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, lamentó también que las mujeres de todos los partidos políticos siguen sufriendo violencia política de género.
Mientras que la diputada Angélica Espinoza García, de Morena, estableció que la “Ley 3 de 3” cumplirá su propósito, no solo desde el espacio público y político, sino en la protección de la integridad física y psicoemocional de las mujeres.
Agregó que la legislación en la materia prevé que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o empleo en ninguno de los tres órdenes de gobierno.
Ese avance, consideró la legisladora morenista, será crucial en el actuar político y distinguirá la ética de quienes aspiren a postularse. (www.agenciairza.com)
