Berenice Reyes/IRZA
Chilpancingo, Gro.- La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) consideró que, a 58 años de la masacre en Tlatelolco, la exigencia continúa siendo verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición.
Este 2 de octubre, la dirigencia estatal a cargo de Elvira Veleces Morales marchó con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, porque el “reconocimiento oficial de la gravedad de los hechos es importante, pero no basta mientras las responsabilidades no sean esclarecidas plenamente y las víctimas y sus familias continúen cargando con las consecuencias de aquella violencia”.
Resaltó que este 2 de octubre de 2026, Tlatelolco se llenó de memoria y la plaza de las Tres Culturas volvió a recibir a quienes consideran que la historia no puede ser reducida a una ceremonia.
Aseguró que con la marcha Nacional hacia el zócalo de la Ciudad de México está presente una memoria que atraviesa generaciones, la del 1968, “de quienes lucharon antes que nosotros, quienes no pudieron regresar a sus casas, de las familias que nunca dejaron de preguntar. La memoria de los estudiantes que comprendieron que la organización colectiva podía abrir una brecha en un sistema que parecía inamovible”.
Dijo que desde Guerrero llevan también “nuestra propia memoria, campesina, indígena, magisterial, estudiantil y de quienes en nuestro estado han enfrentado persecución y violencia por defender sus derechos. Son historias distintas, pero atraviesan una misma realidad: la existencia de sectores sociales que no aceptan vivir eternamente bajo relaciones de subordinación”.
La dirigente reconoció que cuando se encarcela a jóvenes por participar en un movimiento, cuando vigila organizaciones sociales o cuando utiliza sus aparatos de seguridad para contener la inconformidad, “estamos frente a una relación de poder y las relaciones de poder no desaparecen porque cambie quien ocupa temporalmente el gobierno”.
Agregó que, a 58 años de Tlatelolco, todavía existen “profundas desigualdades” en los trabajadores que viven en condiciones precarias, pueblos indígenas que reclaman derechos fundamentales, jóvenes sin oportunidades suficientes, comunidades que padecen violencia y abandono, víctimas que esperan verdad y justicia, mecanismos mediante los cuales la protesta puede ser deslegitimada o criminalizada, y porque todavía existe una estructura social donde la riqueza y las decisiones fundamentales no están distribuidas de manera equitativa. (www.agenciairza.com)
