Chilpancingo, Gro.- La Delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), pidió al Congreso local que llame a comparecer al secretario de Bienestar del gobierno de Guerrero, Pablo André Gordillo Oliveros, para que “rinda cuentas”.
Porque a tres meses de concluir el ejercicio fiscal 2025, presuntamente no ha aplicado 10 millones de pesos asignados al Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP) que opera esa dependencia en beneficio de los comunicadores de la entidad.
Durante la conmemoración del 87 aniversario del SNRP, efectuada en la Plaza de la Libertad de Expresión, en el Centro de Chilpancingo, Jesús Saavedra Lezama, secretario general de la Delegación XVII, denunció que en el gremio periodístico “hay mucha preocupación», porque el presupuesto no se ha aplicado.
Explicó que ese recurso se emplea en rubros de seguridad social para periodistas afiliados al FAP, como la contratación de una empresa aseguradora, devolución de gastos médicos, construcción de viviendas, adquisición de lentes, convenciones, entre otras acciones.
Pero insistió en que a tres meses de que concluya este año “Pablo Gordillo no ha cumplido con el plan de trabajo que informaron en enero pasado”. En lo único que han cumplido, dijo, es en la contratación de la empresa que provee el seguro de vida, de la cual desconocen sus antecedentes.
Denunció que en 2024 la Secretaría de Bienestar contrató a una empresa que no ha pagado el seguro de vida de al menos 8 periodistas, y que en este 2025 contrataron a otra, pero que tampoco han cumplido con el pago.
«Hace una semana se comunicó con un servidor la viuda del compañero Juan Cervantes Gómez (finado), María Dolores, para manifestarme su molestia, su coraje, luego de que Esdra Valenzo, secretario particular del secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros, citara a la familia de Juan Cervantes para decirle que la empresa no iba a pagar el seguro de vida de juanito. Que si quería recibieran 100 mil pesos o no respondía”, denunció.
Saavedra Lezama consideró que se trata de una “burla” para los deudos de Juan Cervantes, porque “no es posible que la Secretaría del Bienestar asuma con calma que una empresa que contrataron no quiere cumplir con el servicio para el que se le pagó con recursos públicos y ahora no asuma su responsabilidad”.
Lo más grave, abundó, es que esa misma circunstancia comparten las familias de al menos ocho periodistas ya fallecidos, legalmente afiliados al FAP, “a quienes tampoco les quieren pagar su seguro de vida, que contrató el gobierno del estado”: Benito Soria Nolasco, Abel San Román Ortíz, Enrique Martínez Villagómez, Jorge Valente Nava, Miguel Cervantes Gómez, Francisco Zaragoza y Alberto Rodríguez Guzmán.
Por eso pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que le pida cuentas a su secretario del Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros, y que asuma su responsabilidad, “o que diga si no puede en el encargo público, que renuncie”. (www.agenciairza.com)
