Chilpancingo, Gro.- Los teléfonos celulares de 3 de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, fueron utilizados por servidores públicos luego de los hechos trágicos del 26 y 27 de septiembre del 2014, reveló este lunes el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (Ueilca), Mauricio Pazarán Álvarez, y eso es parte de las nuevas líneas de investigación.
En una conferencia, precisó que fueron dos ex servidores públicos y una pareja sentimental de otro de Iguala. Dijo que pudieron determinar que el celular del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño fue utilizado del 23 al 25 de octubre del 2014, por Mauro Antonio Mosso Benítez, quien en esas fechas se desempeñaba como policía del Estado y, posteriormente, fue director de Tránsito en esa ciudad de la zona Norte de Guerrero.
Que por esa prueba que acreditaron, el 25 de agosto la juez Segundo de Distrito en materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, otorgó orden de aprehensión en contra de Mosso Benítez por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes desaparecidos.
Y que, “respecto de las demás personas que utilizaron posteriormente este aparato telefónico, las investigaciones continúan”, señaló, y añadió que con el análisis de sábanas telefónicas identificaron otro celular, del normalista Jorge Aníbal Cruz Mendoza, “el cual fue utilizado por un policía municipal de Iguala el día 30 de septiembre del año 2014”.
Refirió que, “posteriormente, por su pareja sentimental; de las pruebas recabadas hasta el momento, se conoció que el policía municipal laboró activamente aquella noche de los hechos y esto es relevante, ya que pudo haber participado en la detención y posterior desaparición de los estudiantes”, pero no indicó si ese policía sigue en activo o está detenido.
Mencionó que el otro teléfono era del normalista Israel Caballero Sánchez, “el cual fue utilizado con posterioridad a su desaparición y hasta el momento únicamente podemos informar que este aparato fue utilizado por la esposa de un ex servidor público municipal, adscrito a la Barandilla, en funciones el día de los hechos”.
Indicó que otra línea de investigación es la de Barandilla de Iguala y que por ello siguen tramitando la extradición del juez José Ulises Bernabé, “quien afirmó que únicamente el día de los hechos seis personas detenidas habían ingresado a esta Barandilla”, pero que hay testimonios que al menos 16 normalistas fueron vistos la última vez en esas instalaciones.
Informó que se detuvo en abril pasado a una persona que al momento de la desaparición era menor de edad (14 años), y se dedicaba a tareas de vigilancia de GU, y está proporcionando “información relacionada con los hechos de la investigación; proporcionó puntos de interés para la búsqueda de indicios”.
El funcionario de la FGR también confirmó que la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, y la Visitadora, Blanca Estrada Ortega, son testigos colaboradores y quienes señalaron al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero de haberles ordenado la destrucción de los videos de vigilancia del Palacio de Justicia en Iguala, que pudieron haber documentado la desaparición de normalistas en el bulevar de salida a Chilpancingo.
Afirmó que en el informe presentaron “resultados concretos, visibles y verificables, obtenidos dentro del marco de la ley y del debido proceso y orientados a la búsqueda de la verdad y la justicia que en el caso Ayotzinapa constituye una ineludible responsabilidad del Estado mexicano con las familias de los jóvenes desaparecidos”. (www.agenciairza.com)
