Chilpancingo, Gro.- Familiares de la doctora Adela Rivas Obé, asesinada en 2016 tras investigar el robo de medicamentos en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la región de la Costa Grande, acusaron a funcionarios de ese organismo de revictimizarla y obstaculizar el acceso a la justicia.
El señalamiento surge luego de que el pasado 29 de julio, el Órgano Interno de Control del IMSS solicitó formalmente a la familia que entregue pruebas documentales que acrediten la misión que cumplía la doctora en la clínica 27 de Petacalco, municipio de La Unión, Guerrero, y que sustenten sus denuncias sobre un desfalco de más de 100 mil pesos mensuales en medicamentos controlados.
La exigencia, firmada por el director del órgano, Jaime Cruz Lucatero, y elaborada por los auditores Francisco Galeana López y Manuel González Martínez, fue calificada por la familia como un acto de «cinismo administrativo y prepotencia burocrática».
«No solo fue desaparecida y asesinada por cumplir con una encomienda institucional, ahora sus propios hijos y familiares deben reconstruir los archivos y pruebas que el mismo IMSS ha ocultado o dejado desaparecer durante casi nueve años», afirmaron en un comunicado.
Los familiares señalaron que el Instituto cuenta con atribuciones legales para solicitar esta información a las fiscalías estatales y federales, además de que debería existir un expediente interno sobre los hechos ocurridos en 2016. Sin embargo, aseguran que hasta ahora no se ha realizado ninguna acción coordinada para esclarecer el caso.
Asimismo, recordaron que, en ese año, el entonces delegado del IMSS en Guerrero, José Luis Ávila Sánchez, negó públicamente el robo que investigaba la doctora. “Hoy, casi una década después, los auditores replican esa estrategia de encubrimiento institucional», denunciaron.
La familia considera que esta acción representa un retroceso en el esclarecimiento del crimen y evidencia una falta de voluntad real por parte del IMSS para actuar con transparencia.
«No se trata de un error aislado, sino de un patrón sistemático de impunidad donde el Estado revictimiza y evade su deber como garante de justicia», acusaron.
Finalmente, advirtieron que, si el IMSS no asume con seriedad su responsabilidad en el caso, no solo se estará obstruyendo el derecho a la verdad, sino también comprometiendo la legitimidad de las instituciones públicas frente a hechos documentados de corrupción y desaparición forzada.
“La responsabilidad no prescribe y la justicia, tampoco”, concluyeron. (www.agenciairza.com)
