Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- Los 46 diputados del Congreso local están a punto de incurrir “en responsabilidades políticas” por desacato a sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellas la de derechos indígenas y afromexicanos, lo que podría derivar en su destitución.
En abril, a escasos dos meses, vencerá el plazo que mandató la SCJN al Poder Legislativo para que realice la consulta y reponga la reforma constitucional sobre derechos indígenas y afromexicanos, cuyos trabajos ni siquiera han iniciado, siendo uno de los principales pendientes que arrastra el Congreso de Guerrero desde la 62 Legislatura.
De acuerdo con el diputado Rafael Navarrete Quezada, del PRI, no es la única sentencia del máximo órgano jurisdiccional pendiente, pues existen otras tres: del Sistema Norma de Normativo Indígena de la Policía Comunitaria, Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Pública y del Procedimiento Electoral del Estado de Guerrero y la de Educación Indígena, todas mandatas por acciones de inconstitucionalidad.
“Son cuatro consultas que se tienen que realizar y que los tiempos están encima, y tenemos que actuar muy rápido como Congreso, si no lo hacemos obviamente podemos caer en responsabilidad política”, advirtió en entrevista con Agencia de Noticias IRZA.
Informó que el martes se reunió la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos que preside la diputada de Morena, Marben de la Cruz Santiago, y acordaron pedirle a la Junta de Coordinación Política que “nos den señales claras de qué es lo que se está haciendo y cómo vamos a resolver este asunto”.
Agregó que en esa reunión la diputada De la Cruz sugirió un protocolo para realizar las consultas. Él sugirió, dijo, que podría retomarse el modelo de consulta que emplea el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en los municipios cuyos habitantes solicitan transitar el sistema normativo de usos y costumbres para elegir a sus autoridades municipales.
– ¿De las cuatro consultas cuál es la más urgente?
– “La de Reconocimiento de Derechos y Cultura Indígena, que vence en abril. Los tiempos ya están encima”, y no descartó hacer una sola consulta para cumplir con las cuatro sentencias, o bien, solicitar una prórroga a la SCJN pero, ya iniciado el procedimiento, justificar la amplitud del plazo.
– ¿Qué tiempo llevaría realizar esta consulta?
– “Estamos hablando como de mes y medio a dos meses; o sea, estamos sobre los tiempos. Se realizaría en 540 comunidades de las regiones Montaña, Costa Chica y algunos municipios de la zona Centro”, precisó, y agregó que este proceso costaría alrededor de 20 millones de pesos, pero ignoran si fueron presupuestados, aunque consideró que el Poder Legislativo y la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal tendrían que encontrar un mecanismo para proveer los recursos y así cumplir con la sentencia de la SCJN.
Navarrete insistió en que la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos está centrada en ese trabajo y que, en consecuencia, sus integrantes no están dispuestos a que “nos tachen de caer en responsabilidad política por no atender este tema”.
Sin embargo, puntualizó que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva son las instancias que deben marcarles los tiempos, porque “no queremos caer, como nos ha pasado en otros temas, como la Fiscalía, la Auditoría, que no hemos logrado los acuerdos como deben de ser y se vuelve todo muy polémico, pero realmente es enfocarnos en estos trabajos y sacarlos adelante”. (www.agenciairza.com)
