Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- Aunque saben que Edilberto Bravo Barragán, presunto líder del grupo criminal “Guardia Guerrerense”, antes Caballeros Templarios, “está involucrado en la delincuencia”, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, justificó su liberación con base a una resolución emitida por el magistrado Benjamín Gallegos Segura, y negó que fomenten la impunidad.
“Sabemos que se trata de una persona que está involucrada en la delincuencia, pero en este caso el magistrado analizó y consideró que no hay las pruebas suficientes para mantenerlo detenido”, admitió en entrevista.
El 29 de septiembre, durante la conferencia “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, exhibió al juez Joaquín Alberto Ruiz García y al magistrado Benjamín Gallegos Segura, ex secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso local, por liberar al comandante de la UPOEG, José Manuel Lorenzo Hernández, y al presunto líder de la “Guardia Guerrerense”, Edilberto Bravo Barragán.
Cabe recordar que Lorenzo Hernández y Bravo Barragán fueron detenidos el pasado 23 de septiembre.
A Raymundo Casarrubias, presidente del Poder Judicial en Guerrero, se le preguntó si su homólogo Benjamín Gallegos sería investigado por haber ordenado la citada liberación, pero justificó la resolución y endosó parte de la responsabilidad a un juez federal.
“…tiene que respetarse el criterio del magistrado. No en todos los casos tenemos que condenar, aun cuando a sabiendas (sic) de que esa persona tiene otro tipo de actividades”, expuso.
– ¿Qué opinión tiene de que se esté exhibiendo a los jueces (de Guerrero)? Le insistió el reportero.
– “Defendí al juez porque fueron órdenes de los tribunales federales, y ante eso, si no lo haces, la autoridad federal te puede sancionar hasta con la destitución y cuando menos en dos de los casos que planteaba el subsecretario (Ricardo Mejía) no tiene la razón, y se lo dije el otro día. ¿Por qué no me pide a mí la información para darle como están los procesos?”.
– ¿No fomenta eso la impunidad?
– “No, porque entonces ¿de qué estaríamos los juzgadores ahí? ¿Para qué? Si no vamos a resolver lo que corresponda, lo ajustado a derecho”.
– ¿Se expone a los jueces?
– “Claro que sí, pero qué podemos hacer. Ya lo dijo”.
– ¿Sufren presiones por delincuencia?
– “Hay que reservamos ese tipo de cuestiones…”.
Pese a eso Casarrubias rechazó que se vulnere al Poder Judicial de Guerrero y reiteró su defensa a la resolución del juez y del magistrado. “Lo que decimos lo decidimos a través de nuestra resolución, y es la que nos ampara para que en cualquier momento podamos ser cuestionados sobre cualquier asunto”.
Cuestionado sobre la irrupción de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa a la sede de la Ciudad Judicial de Iguala, donde causaron destrozos, el magistrado estimó que la reparación costará entre 800 mil pesos y 1 millón de pesos.
“Estamos haciendo el recuento. Se quebraron cristales, se rompieron portones; aproximadamente entre 800 (mil) a 1 millón de pesos. Se hizo la denuncia allá mismo en Iguala”, dijo, y rechazó que los estudiantes hayan sustraído información.
“Guardamos computadoras, equipos donde tenemos la información para evitar que al rato nos estemos lamentando de no tener la información de la gente”, señaló. (www.agenciairza.com)
