Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- La Fiscalía General del Estado (FGE) inició de oficio de una carpeta de investigación por la presunta localización de indicios de víctimas de desaparición forzada originarias de Guerrero en el rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco.
Esto, “en virtud de la información difundida a través de diversos medios de comunicación sobre la posible existencia de desaparición de víctimas originarias de Guerrero relacionadas con trabajos agrícolas en el estado de Jalisco”.
De acuerdo con el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”, en el citado rancho, el cual habría sido utilizado para entrenamiento de sicarios y exterminio de personas, encontraron restos humanos, zapatos, ropa de vestir y mochilas.
La localización del presunto centro de adiestramiento cobró especial notoriedad en Guerrero por posibles implicaciones de diversas autoridades, entre ellas, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán.
“Roberto”, un hombre que aseguró haber estado en el rancho durante una entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, reveló que fue reclutado en 2023 por la empresa Big Force Academy para trabajar en Estados Unidos como jornalero agrícola.
Lo anterior, a partir de una convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Chilpancingo presidido por la entonces alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, y la UAGro, dirigida por Javier Saldaña Almazán, quien ya se deslindó del caso a través de un comunicado.
La empresa y la UAGro, cabe precisar, tenían programado para este domingo 23 de marzo un nuevo reclutamiento en Santa Bárbara, municipio de Chilpancingo, pero la convocatoria ya fue eliminada de redes sociales.
Este caso implica también a las autoridades de por lo menos cuatro ayuntamientos: Acapulco, encabezado por la morenista Abelina López Rodríguez; de Chilpancingo, durante la administración de Norma Otilia Hernández Martínez; Iguala y Cocula.
A través de redes sociales Norma Otilia Hernández también se deslindó y señaló que entre los restos o indicios encontrados en el rancho no corresponden a las personas reportadas como desaparecidas, a partir del reclutamiento que realizó la referida empresa durante su gestión.
En ese contexto la FGE informó que inició los primeros actos tendientes a recabar información relevante para la integración de la carpeta de investigación contra los presuntos implicados en este caso.
La institución agregó que actúa dentro del marco de sus funciones y atribuciones legales para dar certeza jurídica a los hechos dados a conocer y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas que pudieran ser identificadas en el transcurso de las indagatorias.
Los diputados del Congreso local no han intervenido en este caso, quienes sesionaron apenas el martes 18 y miércoles 19 de marzo, pero ninguno de los 46 que integran la Legislatura se ha pronunciado. (www.agenciairza.com)
