La OCSS pide a AMLO la liberación de dos guerrerenses injustamente presos

Chilpancingo, Gro.- Militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que haga efectivo el decreto de amnistía que firmó en septiembre pasado.

Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional hicieron llegar esta petición a López Obrador a través de un reportero.

De manera especial piden «que si se puede revisar el caso de Orlando Ávila Mesino y Jerónimo Hernández Refugio. Son dos luchadores sociales de la OCSS» y que los dos «están presos porque les arrancaron declaraciones por medio de tortura”

López Obrador no respondió de manera directa a esta petición de la liberación de dos militantes de la OCSS, en base a la ley de Amnistía que firmó en septiembre pasado y que busca liberar a personas que se encuentran en penales sin sentencia o que se haya violado el debido proceso, entre otras causales de libertad.

El pasado 9 de septiembre la OCSS inició en Ciudad Judicial de Chilpancingo una campaña para que la Ley de Amnistía que ofreció el presidente Manuel López Obrador puedan beneficiar a sus militantes Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, pero también agregan los nombres de  Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco, quienes están “presos injustamente” en penales de Guerrero y Morelos.

Ahí dieron a conocer que Antonio Barragán Carrasco está preso desde septiembre del 2001 en un reclusorio de Morelos; Gilberto Aguirre Bahena está preso desde el 2002 y se encuentra internado en el penal de Las Cruces, en Acapulco; igual se encuentra preso en ese penal desde hace 9 años, Orlando Ávila Mesino, mientras que Gerónimo Hernández Refugio está recluido en el penal de Chilpancingo.

El pasado 15 de septiembre la Secretaría de Gobernación (instancia que se encarga de la revisión de peticiones de beneficiarios de esta ley de Amnistía), dio a conocer que en una primera instancia se liberaron, en base al Decreto presidencial, a 681 personas, de 4 mil expedientes que están en análisis para determinar si jurídicamente procede o no su liberación. (www.agenciairza.com)

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