– El subsecretario de Gobernación federal señaló que con base a los testimonios, al ex alcalde de Iguala se le identifica como “A-1”
Chilpancingo, Gro.- El subsecretario de Gobernación federal en Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que con base a los testimonios de las indagatorias, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 por órdenes de “A-1”, al que identificó como José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, así como por los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, entre ellos El Gil, en coalición «con algunas otras autoridades que forman parte de la investigación», porque se habían llevado un autobús con «mercancía» (droga o dinero) y, para «darles un castigo ejemplar”.
Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, dijo que los restos de los jóvenes «fueron removidos a otro lugar después de la noche de la desaparición», por lo que tratan de ubicar dónde dejaron sus restos.
Señaló que «mandaron cocinar a 10 de los estudiantes e incluso, hay información también corroborada por llamadas al teléfono de emergencias 089, donde se acredita que presuntamente 6 de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida, en una, lo que llaman La Bodega Vieja y de ahí fueron entregados al Coronel (del Ejército, José Rodríguez Pérez), como viene en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos».
«Tenemos el testimonio de una persona protegida, Karla, que hace mención que a ella en particular se le solicitó que tomara fotografías de todos los estudiantes, ya que se creía que entre ellos venían personas pertenecientes s al grupo delictivo de Los Rojos», dijo Alejandro Encinas.
«Al mismo tiempo, como se ha demostrado, que no fueron arrojadas las cenizas al río Cocula, queremos señalar que hemos encontrado los restos de tres estudiantes que fueron plenamente identificados en los estudios en la Universidad de Innsbruck».
Reiteró que los normalistas fueron agredidos, asesinados y desaparecidos porque se llevaban un autobús con “mercancía” que era droga o dinero, por lo que luego de que recuperaron la unidad y ésta salió solamente con el conductor con dirección a Morelos, pasando todos los retenes sin problemas, fue dada la orden de desaparecerlos.
Dijo que a los sicarios, policías municipales y otros cómplices del Ejército, les ordenaron «recuperar la mercancía y darles un castigo ejemplar a los estudiantes” y se los llevaron hacia el Río Balsas, el pozo de Pueblo Viejo hacia la mina de Taxco.
Sostuvo que la tesis de la extinta PGR que la desaparición de los estudiantes se trató de “un asunto local, es totalmente absurdo, participaron diversas instituciones, hubo intervención de autoridades del Estado en la desaparición de los muchachos”.
Alejandro Encinas subrayó que “no hay indicio alguno, lamentablemente que los estudiantes se encuentren con vida y que por el contrario todos los testimonios y evidencias establecen que fueron arteramente ultimados y desaparecidos y que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas, en la laguna de Nuevo Balsas en Atzcala, municipio de Cocula, barranca de Tonalapa en el municipio de Tepecuacuilco, brecha de Lobos y paraje Suriana en Iguala, inmediaciones de Tepehuaje”.
Alejandro Encinas sostuvo que hay una “gran diferencia” entre la “verdad histórica” que concluyeron en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que encabezaba, Jesús Murillo Karam y las conclusiones preliminares que la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa que él encabeza y que presentó el jueves de la semana pasada, “nosotros no torturamos a nadie, fue un trabajo científico”.
El subsecretario de Gobernación añadió que se prevé que en los próximos días haya más detenciones en el fuero civil y en el fuero militar.
Dijo que el trabajo de la Comisión se basó en la “reconstrucción y análisis dos momentos contexto antecedente de los hechos, personas y autoridades que participaron en la desaparición de los estudiantes y las repercusiones que se tuvieron en las semanas posteriores; una segunda parte es el análisis de la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno en el encubrimiento de los hechos de esa trágica noche”.
Agregó que “es el resultado de un proceso técnico, un análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor, la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad”.
Aceptó que el informe tiene también un “contenido político, pues esclarecer un crimen y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y voluntad política para ir al fondo de los hechos”.
Subrayó que el informe se basa en 13 fuentes de información básica y mencionó a la Secretaría de Gobernación, la Sedena, Marina, Seguridad, la Comisión Nacional de Inteligencia, la Procuraduría de Justicia de Guerrero, la PGR, FGR, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la CNDH, los testimonios y colaboración de 115 personas “que conocen, estuvieron involucrados en los hechos”.
Comparó algunos argumentos de la “verdad histórica” de la extinta PGR, la que dijo que “se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF (María de los Ángeles Pineda Villa), lo cual es falso, (porque) el objetivo de los estudiantes era tomar camiones, cuando llegan a Iguala ya había concluido este evento”.
A través de un diagrama mostró “cómo se fue tejiendo la red de complicidades de Guerreros Unidos con distintas autoridades para la operación de la persecución, violencia, detención y desaparición de los muchachos y pudimos establecer la red de vínculos en el caso Ayotzinapa de Guerreros Unidos con policías de Cocula, Iguala, Tepecuacuilco y Huitzuco. Hubo 6 núcleos combinados de halcones, sicarios, policías municipales y otras autoridades en distintos puntos, se demuestra que los estudiantes en ningún momento estuvieron juntos después de su salida de la central de autobuses, fueron cinco autobuses que tomaron rutas distintas y fueron dispersados después de la intervención de distintas policías municipales y se descarta que fueron entregados todos juntos a Guerreros Unidos”.
En ese diagrama se mostró que el capitán José Martínez Crespo (quien se encuentra detenido por el fuero militar y sujeto a proceso judicial por delincuencia organizada), mantuvo comunicación con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Alejandro Encinas expuso que en el análisis de contexto que hicieron del caso hay 4 elementos: la privación de la libertad y asesinato del dirigente perredista, Arturo Hernández Cardona, en junio del 2013 y que originó movilizaciones, una de ellas de los normalistas de Ayotzinapa, quienes tomaron la Alcaldía de Iguala en demanda de presentación del dirigente, “ese homicidio se atribuye a José Luis Abarca que está detenido por ese delito, no por la desaparición. A partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y Guerreros Unidos que no regresaran a esa ciudad o se atendrían a las consecuencias”.
Volvió a mencionar el contexto de la disputa de la plaza entre los grupos criminales de Los Rojos y Guerreros Unidos, “hay un antecedente, (que) es (del) 10 junio del 2014, un retén del Ejército, la PGR decomisó 107 kilos de heroína pura, de los cuales sólo entregaron 24 kilos”.
También insistió en que la desaparición de los 43 normalistas “pudo haberse evitado; las omisiones de la autoridad propició esos hechos, existencia de un normalista miembro del Ejército, integrante de las fuerzas armadas, que desapareció y en ningún momento la autoridad estableció el mecanismo de búsqueda que marca el protocolo de la Sedena, que de haberse aplicado para garantizar la integridad física de Julio César López Patolzin”.
Señaló que posterior a la desaparición de los normalistas, se tejió “una acción concertada desde el más alto nivel del aparato del gobierno para tergiversar los hechos, alteró la escena del crimen, escondió los vínculos de autoridades con Guerreros Unidos, generaron vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho de la verdad y la justicia. Es un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición y pérdida de vida de los estudiantes, se conjugan 4 delitos graves y violaciones a los derechos humanos: desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales con consentimiento del Estado, la negativa, ocultamiento y manipulación de investigaciones por parte de instituciones gubernamentales que propició la impunidad”.
Este viernes se cumplen 7 años 11 de la desaparición de los 43 y del asesinato de otros tres normalistas, así como los homicidios de una maestra, un jovencito jugador de futbol del equipo Avispones de Chilpancingo y el conductor del autobús donde viajan los integrantes de ese plantel deportivo. (www.agenciairza.com)
