Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.- El 24 de mayo, la próxima semana, vencerá el plazo que el Poder Judicial de la Federación le otorgó al Congreso local para aprobar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado Guerrero y Municipios.
A pesar de la premura, la iniciativa fue presentada en la sesión de este martes por el diputado Héctor Apreza Patrón, a nombre de la Junta de Coordinación Política. Y, en caso de aprobarse, sentaría un tiempo récord en el proceso de dictaminación.
En tribuna, Apreza explicó que esa ley establecerá las bases, límites y procedimientos para regular el derecho a la indemnización a particulares que, sin fundamento legal o causa jurídica que lo justifique, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad irregular u omisa de los entes públicos estatales y municipales.
Agregó que la iniciativa no solo cumplirá un mandato judicial y el vacío que permanece desde el año 2002, cuando se reformó el artículo 113 Constitucional, sino que protegerá a la ciudadanía afectada por la actividad administrativa irregular.
Además de que la población afectada no tenga que esperar a que sea el propio servidor público o la persona con su patrimonio quien lo indemnice, sino que sea una acción derivada de la autoridad que es responsable de él tendrá que resarcir este tema.
Explicó que desde el 2002 se realizó la reforma al artículo 113 constitucional y a la fecha casi la totalidad de las entidades cumplieron con la obligación de sujetarse a la normatividad en la materia.
Reveló que el Poder Legislativo de Guerrero fue notificado por parte del Poder Judicial de la Federación, a través de una sentencia, en la que le otorgaron 60 días para emitir la reforma en la materia, teniendo como plazo el 24 de mayo de este año.
Consideró que la iniciativa cumple con un aspecto primordial porque reconoce la obligación del ente público de reparar las consecuencias de su mal desempeño, y establece bases y procedimientos que permite evitar que esta responsabilidad se convierta en un enlace personal.
Por esa razón, añadió, los diputados de la Jucopo decidieron presentarla, no solo para cumplir con el mandato constitucional, sino también con la resolución judicial.
“La responsabilidad patrimonial es aquella figura jurídica propia del derecho privado que se traslada al derecho público, y deviene del daño causado en los bienes o derechos de los particulares por una actividad irregular del Estado, sean los poderes públicos o los diferentes órdenes de gobierno de Guerrero. Porque, ¿cuántas veces no ocurre que, por la deficiente o nula prestación de un servicio público o el mal desempeño de una obra o proyecto, un ciudadano o ciudadana es afectada en su patrimonio?”. (www.agenciairza.com)
