El Congreso local, en vías de desacato ante sentencias de la SCJN

Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro.-
En medio de un “coctel explosivo”, el Congreso local tiene escasos 48 días para realizar una consulta a los pueblos originarios de Guerrero para la aprobación de dos leyes: la 701 de Derechos y Cultura Indígena y 777 de Seguridad Pública.

De acuerdo con el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, las dos consultas derivadas de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debieron atenderse desde mayo del año pasado, y deben aprobarse a más tardar el 13 de abril.

La noche del martes, en sesión de la Comisión Permanente, el Congreso aprobó un protocolo para “desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe” la consulta para crear, reformar, adicionar o derogar leyes con impacto en los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.

En entrevista Apreza explicó que la consulta debe atenderse con premura para dar paso a la aprobación de dos reformas urgentes: la 777 de Seguridad Pública y la 701 de Derechos y Cultura Indígena, y “tenemos el tiempo en contra”.

Celebró la aprobación del protocolo, lo que constituye un “gran avance” y un “ejemplo de lo que debe de ser la ruta del Congreso”, en la que los diputados se olviden de temas partidistas y ambiciones personales y se centren en su trabajo.

Sin embargo, admitió que el “acuerdo” sucedió porque “está en riesgo la posible destitución de diputadas y diputados e incluso de la propia gobernadora”, en caso de desacato a la sentencia de la SCJN.

Además de que falta elaborar el programa de trabajo para realizar la consulta y en el cual debe haber “un gran despliegue de todo el equipo técnico del Congreso” y del Poder Ejecutivo, para que, a más tardar el 13 de abril, estén aprobadas las dos leyes.

Eso implica, añadió, iniciar un diálogo con los pueblos originarios -indígenas y afromestizos-, escucharlos y llegar a un acuerdo porque “no es un asunto mecánico”, porque encontrarán visiones y percepciones diferentes entre la población.

Cabe mencionar que la sentencia de la SCJN derivó de un recurso de inconstitucionalidad que promovió la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), al señalar que la 61 Legislatura del Congreso local, a un mes de concluir su periodo constitucional, reformó las leyes 701 y 777 para regular, de fondo, el esquema de seguridad y justicia indígena, en cuyo proceso no se les consultó.

Al respecto comentó que la SCJN solo cuestionó la falta de la consulta, pero no la esencia de las reformas: “cuando la Suprema Corte de Justicia emitió su resolución, no fue al fondo del asunto, no dijo la ley 701, la ley 777 no están bien hechas. No. Dijo: no se siguió el proceso de consulta, en consecuencia, no seguiste el debido proceso, hay que volver a hacer ese debido proceso; ni siquiera fue todo el asunto”.

Agregó que en medio de un “coctel explosivo”, porque el Poder Legislativo tiene muchas actividades pendientes, tendrán que “dejar a un lado visiones individualistas, visiones partidistas y ponernos a hacer nuestro trabajo, que es la demanda que el pueblo de Guerrero tiene”.

“Nosotros (en el Grupo Parlamentario del PRI), manifestamos nuestra total y absoluta disposición a estar tiempo completo trabajando en estos temas sin visiones partidistas y sin intereses individuales”, aseguró. (www.agenciairza.com)

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