Berenice Reyes/IRZA
Chilpancingo, Gro.- Del 2016 al 2026 se han registrado en Guerrero 55 crímenes, de los cuales cinco han ocurrido en este año, en contra de la comunidad LGBTIQ+ que agrupa a las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, denunció el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio (Onco-LGBTI) y el colectivo Orgullo Guerrero.
En el 2025, su registro fue de un crimen cometido Acapulco, sin embargo, denunciaron que este año les preocupa, porque en seis meses de este año se han cometido cinco crímenes en contra de la comunidad diversa.
La red civil que documenta crímenes de odio, desapariciones y violencia hacia la diversidad sexual, registra que de esos cinco casos tres ocurrieron en la Costa Chica, en los municipios de Marquelia, Azoyú y Cuajinicuilapa. Otro en esta capital del estado, y uno más en Leonardo Bravo (Chichihualco).
Indicaron que los datos están documentados a través de notas periodísticas, y que el objetivo del acopio de esta información es tener un registro de datos para visibilizar lo que están ocurriendo con quienes forman parte de la “comunidad incluyente”.
Citaron el caso de José Alberto Gálvez Morales, activista y director de Atención a Grupos Vulnerables del Ayuntamiento de Marquelia, cuyo asesinato ocurrió en marzo.
También el de David Vélez Solache, localizado sin vida junto a otras víctimas en el interior de un vehículo abandonado en el bulevar Vicente Guerrero, en esta ciudad capital.
Su último registro el caso de Sael Silva Cisneros, joven activista afromexicano y defensor de los derechos de su comunidad, originario del municipio de San Nicolás, en la Costa Chica.
Era licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y se desempeñó como operador técnico en el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Entre la información recabada, se destaca que la mayoría de las víctimas son jóvenes y mujeres trans, señalaron, y añadieron que entre las víctimas se encuentran funcionarios locales y nacionales, con relación con la defensa de grupos vulnerables.
Informaron que existe un marco teórico desde la academia y legalmente protocolos establecidos por la Fiscalía General de la República (FGR), para tratar esos casos con perspectiva de género y de seguridad social, dando un proceso integral que combina la atención prioritaria a la víctima y la investigación exhaustiva con enfoque en el prejuicio del agresor, “sin embargo, no hemos visualizado que se hayan dado resultados, y menos que se tenga acceso a la justicia y castigo a los responsables”.
Refrieron que en este Mes del Orgullo (Pride Month), dedicado a la conmemoración global dedicada a la visibilidad, la aceptación y la reivindicación de los derechos de la comunidad LGTBQ+, están exigiendo un alto a las violencias por prejuicio, “que se erradique la discriminación física, verbal y los crímenes derivan de estigmas y prejuicio que abonan para que se cometan, en lugar de cuestionar a la autoridad se culpa a la víctima, diciendo es algo de que ellos se lo buscaban”. (www.agenciairza.com)
