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Los padres de los 43 no cejan en su lucha; insisten en que haya una investigación seria

Chilpancingo, Gro.- El Comité de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace más de 8 años, se sumaron al llamado «a retomar el camino de una investigación seria, y con resultados fiables para darnos una respuesta (sobre el paradero de los muchachos) así como a la sociedad mexicana sin esconder, minimizar o alterar la indagatoria».

Este lunes por la noche, ese Comité de madres y padres fijó su postura del análisis que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las conclusiones preliminares de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj).

En un comunicado recordaron que el pasado 31 de noviembre escucharon el informe del GIEI, «donde Afirman que el caso Ayotzinapa ha entrado en una crisis ante los cuestionamientos que han surgido contra las investigaciones, la salida del fiscal especial (Omar Gómez Trejo) y ahora el retiro de parte de los integrantes del grupo de expertos internacionales».

Señalaron que a más de 8 años en la búsqueda de sus hijos, «deberíamos después de tanto tiempo y haber vivido y sufrido lo inimaginable en esta búsqueda de nuestros hijos, tan larga y dolorosa, estar preparados para escuchar cualquier situación por increíble, indignante y aberrante que pareciera. Sin embargo, ahora sabemos que nunca lo estaremos porque los gobiernos en turno tienen una gran capacidad de invención».

Indicaron que el GIEI, «que coadyuva en la investigación de los lamentables hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde agredieron y desaparecen a nuestros normalistas, concluye su mandato y se convierte en un mecanismo de seguimiento de nuestro proceso, situación semejante a la vivida en el gobierno de Peña Nieto».

Y que el GIEI «también pone en duda la credibilidad de 467 capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp que presentó la Presidencia de la Covaj, dirigido por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas».

Agregaron que los integrantes del GIEI «se quejaron de la cancelación de 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se emitieron en agosto contra presuntos implicados en el caso, entre las que se incluían 16 militares y cinco exfuncionarios, situación que precipitó la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien estuvo frente a las investigaciones desde el 2019.

Puntualizaron que a 8 años de la desaparición forzada, «se desconoce el destino de nuestros hijos, presumen que todos fueron asesinados sin darnos prueba de ello y solo por haber encontrado partes óseas de tres de los normalistas, así lo afirman. Nosotros no lo aceptamos si no nos proporcionan pruebas contundentes. Tampoco está claro el móvil del ataque, aunque se ha afianzado a la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de droga».

Finalizaron diciendo en el comunicado que seguirán «exigiendo verdad y justicia y la obtendremos a cualquier costo”. (www.agenciairza.com)

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